Los datos hacen más cruda la realidad post-COVID. La vuelta a la actividad deja un saldo de 478 concursos de acreedores (381 de sociedades mercantiles y 97 de no mercantiles y autónomos). En términos relativos esto se traduce en un crecimiento del 154% de insolvencias transcurrido apenas un mes de desconfinamiento.
Esto es sólo el principio de una curva que, durante el primer semestre del año, ha sumado un total de 1.803 cierres de persiana, según los datos del último Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas de axesor. Una curva que tiene su punto de inflexión el pasado mes de junio y que, si bien está un 24% por debajo de la del mismo periodo de 2019, apunta a que alcanzará su pico más negro a final de año.
Hemos de tener presente que, tras un verano en el que probablemente se vaya gastando o desembolsando lo poco que nos queda en los bolsillos, la caída de la demanda se agudizará con el inicio del curso en septiembre. Y ya sabemos que la ecuación no falla: menos compras y menos consumo es igual a menores ingresos y beneficios, cuando no pérdidas. Algo que ya se empieza a notar en el tejido empresarial y sobre lo que el propio Banco de España alertaba de ello en un informe publicado el pasado 9 de julio. En el mismo, se cifra en un 63% interanual la caída del beneficio de las empresas no financieras (cinco puntos por encima de la anterior crisis de 2008) y en un 40% las que registran pérdidas, porcentajes que se refieren sólo al primer trimestre del año con apenas 15 días de parón de actividad. En definitiva, el fuerte y prolongado desplome de los ingresos toma forma en rentabilidades empresariales negativas.
Además de a la contracción de la demanda, parte de esta situación se debe a que los costes laborales han permanecido casi inalterados. Incluso, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), se fijó el coste laboral de las empresas entre enero y marzo en 2.570,32 euros por trabajador y mes de media, dato que está un 0,8% por encima del mismo periodo de 2019.
Un lastre que para las empresas más pequeñas y los autónomos se hace todavía más complicado de tolerar. Fijémonos si no en el número de procedimientos concursales que se han declarado en comercio y hostelería, dos de los sectores sobre los que se sostiene la terciarizada economía española. Entre mayo y junio, las insolvencias en estas actividades se incrementaron un 203% y un 155% respectivamente, también según los datos del Gabinete de Estudios Económicos de axesor. Y, con un total de 522, acumulan el 30% del total de procedimientos en lo que llevamos de año.
Con el hielo de las cifras calando hasta los huesos, el futuro para el tejido empresarial se presenta incierto. Primero por los rebrotes con los que, desde la noche de San Juan, desayunamos cada mañana y que están llevando a confinamientos parciales cuya relación causa – efecto es la vuelta a la parálisis de la actividad.
Segundo, por el endeudamiento vía ICO al que han recurrido muchas empresas. Si bien la entidad pública ha ejercido bien su papel de colchón anticíclico para garantizar la liquidez y hasta el momento ha inyectado más de 69.000 millones de euros (sobre los 100.000 inicialmente aprobados) de los que casi tres cuartas partes han ido a parar a autónomos y micropymes, hay que tener en cuenta que, por muy bajos tipos de interés que se apliquen (2,1% de media), hay que devolver el dinero.
Pero: ¿cómo se atiende a la deuda en medio de un escenario de rentabilidades negativas?
Lamentablemente, muchas no serán capaces de continuar. A la vista está si atendemos a las previsiones de axesor, que calcula que la tasa de morosidad se elevará hasta el 11%-12% este año. Parece, por tanto, que poco hemos aprendido de la anterior crisis y la planificación financiera vuelve a ser la asignatura pendiente.
Además, autónomos, pymes y grandes empresas deben afrontar el pago de los impuestos y cotizaciones aplazados los meses más fuertes de la pandemia. Gruesos copos que se añaden a la abultada bola de nieve de la deuda.
Aún hay más, pues ya es una realidad que en los próximos meses los españoles pagaremos más impuestos. En concreto, unos 360 euros más cada año, como poco. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien avanzó en una entrevista concedida a una televisión privada, una subida de impuestos, entre ellos el IRPF, los impuestos medioambientales y los especiales -es decir, la gasolina o las bebidas alcohólicas, entre otros, que tocan de lleno a los sectores más sensibles-. Además de Impuestos de Patrimonio, Sociedades y las conocidas Tasas Google y Tobin para las compañías digitales y la banca. Y eso, con el repique de campanas de fondo que toca la melodía de una revisión del IVA, que bien podría venir por el incremento de dos puntos en el tipo general o por un recorte de la lista de los productos gravados con los tipos reducidos y superreducidos.
Sea como fuere y teniendo en cuenta qué a menor presión fiscal, mayor consumo (y más en un país como España), el futuro será un poco más incierto.