Atravesamos, sin lugar a duda, un momento más que interesante. La irrupción de la pandemia y la hibernación a la que tuvieron que someterse, a la fuerza, las economías mundiales, junto al estallido del conflicto en Ucrania han supuesto un punto de inflexión para el devenir de empresas, Gobiernos y agentes económicos, sea cuales fuere su naturaleza.
Conceptos como la replanificación presupuestaria, que antaño se producía una vez cada ejercicio -cuando no cada bienio- han pasado a formar parte del día a día de las empresas, que se han tenido que adaptar a trabajar en un marco de incertidumbre constante en el que la escalada de las tensiones inflacionistas provocadas por el incremento desbocado de los costes energéticos, la contracción de la demanda y la subida de tipos de interés actúan de telón de fondo. Un escenario en el que las Administraciones Públicas cobran especial relevancia por su papel de garantes cuando los flujos de financiación privada se encuentran, si no en dique seco, sí estancados. Según la última encuesta de préstamos bancarios de Banco de España, del pasado mes de julio, en el segundo trimestre del año se percibe una contracción tanto de la oferta como de la demanda de crédito, a lo que se añade un endurecimiento de las condiciones de acceso al mismo.
Situación que ya se advertía a cierre del pasado ejercicio de 2021, cuando el volumen de financiación pública a las sociedades mercantiles, no mercantiles, autónomos y sociedades de capital alcanzó los 18.878 millones de euros, según los datos que se aportan en el Anuario de Administraciones Públicas elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor an Experian company. Es cierto que la cifra es un 14% inferior a la registrada el año inmediatamente anterior, 2020, no obstante, supera con creces a la de la época pre-pandemia, cuando ni siquiera se alcanzaron los 10.000 millones de euros. Otro punto a favor es que el número de operaciones aprobadas creció más de un 149% en términos interanuales, con un total de 2.230.924 operaciones señaladas con un chek de color verde.
Una buena noticia adicional es que las pymes cada vez cobran más peso en la financiación pública, lo cual es decisivo para mantener los niveles de competitividad y abordar el crecimiento de este segmento que representa el 98% de nuestro tejido empresarial. Fueron, en concreto, 10.343,46 millones de euros los que llegaron a las pequeñas y medianas empresas durante el citado ejercicio de 2021. Cifra que representa el 83,31% del total y que es seis puntos porcentuales superior a la de 2020.
Mientras, las grandes empresas, percibieron 2.071 millones de euros. O lo que es lo mismo, apenas el 17,69% del total.
Marcados, sin lugar a duda, por la llegada de los 28.000 millones de los Fondos Europeos, todos los pasos que están dando las administraciones públicas para garantizar la sostenibilidad del eslabón más débil de la cadena van en la buena dirección.
Consolidar la mejora de los resultados de las empresas y garantizar su supervivencia requiere de una mayor agilidad en la inyección de los citados Fondos de Recuperación. Empezando el nuevo curso apenas se han repartido el 9% del total, es decir 2.520 millones de euros, que, junto a los buenos resultados de la campaña turística, parecen estar ejerciendo de pilar para una economía española que, según la unidad de inteligencia de The Economist, podría ser junto a Francia la que evitase la recesión en el entorno de la U.E.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en caso de confirmarse, medidas como la subida del SMI o el impuesto a las energéticas y los bancos que acabarían sin duda repercutiendo en los costes de las empresas y una importante pérdida de competitividad frente a otros de nuestros pares.
En definitiva, la economía y las empresas somos y las hacemos las personas, y como tales, necesitamos de la mayor certidumbre y seguridad posible para afrontar nuevas inversiones y seguir caminando en tiempos convulsos.
Te invitamos a descargarte el anuario en el siguiente enlace para tener el análisis completo:
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