Las condiciones en las que las empresas desarrollan su actividad no vienen tan sólo condicionadas por las normas formales (las leyes en sentido amplio) sino que resultan fuertemente influidas por cómo se aplican (o no) dichas normas. No cabe duda de que el literal de las leyes es un factor importante, pero las ineficiencias de las administraciones, los comportamientos irregulares (sobornos, clientelismo) y la defensa ágil e imparcial de los derechos son factores primordiales que pueden simplificar o complicar la realidad empresarial en mayor medida que la legislación. Dichas dificultades para la actividad empresarial las hemos puesto de relieve en otros trabajos con distintas fuentes de datos en Sebastián, Serrano et al. (2008) [1], Sebastián, Serrano y Martín del Burgo (2009) [2] y Sebastián y Serrano (2012) [3].