Las ayudas directas para empresas y autónomos anunciadas por el Gobierno en febrero están a punto de ser una realidad. Se trata de 7.000 millones que fueron aprobados en marzo en Consejo de Ministros, aunque serán las comunidades autónomas las encargadas de distribuirlos. El Real Decreto-ley 6/2021, del 20 de abril articula las cuantías de las medidas, la capacidad de las autonomías para ampliar los sectores afectados y los requisitos necesarios para poder recibirlas.
Al contrario de las medidas que venían aprobándose durante la pandemia, en esta ocasión se trata de ayudas directas que las empresas y los autónomos pueden emplear, por ejemplo, para saldar las deudas contraídas desde marzo 2020 por el bajón de ingresos provocado por los parones causados por el COVID. No solo eso, también se regulan aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas derivadas del reembolso y/o reintegro de ayudas o préstamos concedidos por la Administración General del Estado. Además, las comunidades podrán incluir a determinadas empresas o autónomos "atendiendo a circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 debidamente justificadas". Es decir, se amplía el abanico de pérdidas a 2019, aunque solo en determinados casos excepcionales.