Agosto confirma lo que los analistas consideraban una obviedad desde la aprobación de la moratoria concursal en mazo de 2020, cuando la pandemia obligaba a la hibernación de cientos de miles de empresas no esenciales. Durante el octavo mes de este año 2022, los concursos de acreedores se dispararon casi un 45% como consecuencia, en gran medida, del fin de la citada excepcionalidad.
Tal y como se detalla en el Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas elaborado por axesor an Experian company a cierre de los ocho primeros meses del año, el acumulado se elevó hasta alcanzar los 3.845 procedimientos, así el saldo a final del periodo se tiñió de rojo con un 3,39% más interanual. Cifra que, previsiblemente, crecerá a lo largo del último trimestre del año, con el vencimiento de los dos meses de plazo que tienen las empresas que se encuentran en situación de insolvencia para declarar concurso de acreedores.
El panorama podría, incluso, tornarse aún más crítico si tenemos en cuenta la situación macroeconómica por la que transitan las economías mundiales en general, y la española en particular, con una inflación disparada, cuyos niveles no serán inferiores al 8% (casi cinco puntos más que antes del estallido de la guerra y cuatro puntos por encima de la media de la zona Euro). Este adverso escenario para los hogares y las empresas -especialmente las pymes- se complicará aún más una vez se materialicen las revisiones de préstamos hipotecarios y al consumo, que ya asumirán la subida de tipos de interés del 0,75% recientemente aprobada por el BCE (Banco Central Europeo) como medida para contener la inflación.
Bajando al escalón de lo tangible, quienes tengan contratada una hipoteca a tipo variable, tendrán que asumir un coste entre 120 y 290 euros superior al que venían soportando hasta ahora. En cuanto a las empresas, las condiciones de acceso al crédito se endurecerán para, entre otras cuestiones, evitar que se dispare la morosidad. Además, tendrán que pagar más, lo que impacta directamente sobre la línea de flotación y frenará la inversión. Un tercer efecto es la pérdida de rentabilidad en los depósitos
Este cóctel tendrá como resultado la pérdida del poder adquisitivo en las familias. Circunstancia que lastrará el consumo y, en consecuencia, los balances de las empresas, siendo las de sectores como el comercio y la construcción las que sufrirán la mayor pérdida de negocio y facturación y, por tanto, donde más se incrementen los concursos de acreedores.
Otras de las actividades que podrá verse afectada en mayor medida será la hostelería. Ello, pese a que hasta el momento, de manera paradójica, se han declarado en este sector un 27% menos de procedimientos que en el mismo periodo del año pasado. La explicación a este fenómeno tiene que ver con la vuelta a la normalidad tras el levantamiento del 100% de las restricciones a la movilidad y la recuperación de la actividad turística casi a cifras pre-COVID, impulsado por el ahorro generado durante la pandemia.
Dicho lo anterior, los datos del Radar también arrojan pistas sobre dónde debe reforzarse la política económica. Las actividades científicas, profesionales y técnicas, registraron una caída de casi el 6% en el número de concursos de acreedores. Cifra que no es casual si tenemos en cuenta que este tipo de actividades, por norma general, requieren de mayores niveles de cualificación. Además, tanto el índice de productividad como el de innovación y talento está por encima de la media sectorial española.
Es por este motivo por el que los Fondos Europeos representan una oportunidad de oro para frenar la temida recesión. España necesita mejorar sus niveles de productividad impulsando el desarrollo de sectores de alto valor añadido, como el tecnológico y el científico. Para ello, además de inyectar liquidez al tejido empresarial, impera el desarrollo de planes formativos -desde educación primaria hasta la formación continua en las empresas- que pivoten sobre temáticas como la robotización, las nuevas tecnologías de la información o las ciencias de la salud y que tengan como referencia las necesidades reales de las empresas y la cultura del esfuerzo.