Nuestro Gabinete de Estudios Económicos acaba de publicar su último Radar Empresarial, en el que se detallan las cifras de concursos de acreedores de sociedades mercantiles entre enero y abril de 2013 y que alcanzan una cifra de 3.346 procesos, un promedio de 27,9 al día y un incremento del 40,5% respecto al mismo periodo de 2012. Si a estas cifras se les añaden los concursos de acreedores por parte de sociedades no mercantiles, autónomos y personas físicas, nos encontramos con que la cifra total asciende a 3.646 insolvencias judiciales en lo que va de año; con estos datos añadidos, el promedio diario de procesos formales de insolvencia se eleva a 30,4 al día.
Las cifras acumuladas en lo que va de año superan las que registraron en todo 2008 y en cualquiera de los ejercicios anuales previos al estadillo de la crisis. Si este ritmo se mantuviera durante el resto del año, se superarían los 10.000 procesos concursales anuales por primera vez desde la entrada en vigor de la actual Ley Concursal, en septiembre de 2004. Desde entonces, el número de procesos concursales iniciados en España supera los 31.300 casos.
Por Comunidades, Madrid lidera el ranking en 2013, con 732 concursos registrados entre enero y abril (un incremento del 142,3% respecto a 2012); Cataluña registra 654 (+31,3%); seguida de Valencia, con 457 concursos (+30,2%); Andalucía, con 291 (+3,2%) y País Vasco, con 229 (+13,9%).
Por sectores de actividad empresarial, hay cuatro especialmente afectados con una sustancial diferencia respecto a los demás: Construcción (869 procesos concursales acumulados entre enero y abril); Comercio (609 insolvencias judiciales); Industria Manufacturera (463 casos) e Inmobiliarias (329 procesos).
Una vez más, las más afectadas son las pequeñas empresas, aquellas que tienen menos de 50 empleados, y copan un 85,6% de los procesos concursales iniciados en el transcurso de los cuatro primeros meses del año (con un total de 2.864 insolvencias judiciales). El responsable de nuestro Gabinete de Estudios Económicos, Javier Ramos Juste, insiste en que entre los puntos débiles de las pequeñas empresas españolas destaca su atomización, “que les impide adquirir la dimensión o el tamaño medio suficiente para lograr una gestión más profesionalizada y acceder a la financiación externa y los mercados exteriores”. Las pymes son un segmento vital para España, puesto que representan más del 95% del tejido empresarial.
A estos datos sobre pymes, habría que sumar los de los procesos iniciados por autónomos, sociedades no mercantiles y personas físicas, recogidos por primera vez en el Radar Empresarial, y que suman en total 300 casos en lo que va de año. Los datos pormenorizados consisten en 47 autónomos y sociedades no mercantiles (un 25,4% menos que entre enero y abril de 2012) y 253 personas físicas (un descenso del 40,6%). De hecho, salvo enero, en el resto de meses se ha experimentado un descenso notable respecto a 2012. Javier Ramos Juste explica la situación: “con elevada frecuencia, los acreedores de la empresa pequeña exigen de los dueños garantías personales o garantías reales sobre activos que forman parte de su patrimonio personal. De este modo, un procedimiento concursal para una empresa pequeña condena también a su propietario a una situación de insolvencia. Tanto las personas físicas, como las pequeñas empresas no tienen ningún incentivo a declararse en concurso, ya que es un proceso costoso que, además, no contempla mecanismos claros y eficientes de liberación de deudas para el empresario honesto”.
Gabinete de Estudios Económicos de axesor