De un tiempo a esta parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está en el foco de la actualidad. En su entorno se han sucedido una serie de actuaciones que van desde el desmantelamiento de cárteles, multas importantes a empresas significativas y cambios en la regulación que han supuesto un vuelco en la actividad del organismo. Las actuaciones han permitido avanzar en la modernización, pero al mismo tiempo han originado desavenencias e, incluso, enfrentamientos en el seno del consejo.
La CNMC nació en septiembre de 2013, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera la fusión de los diferentes organismos supervisores y reguladores que existían entonces (Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, además de otros más pequeños). El cambio de modelo generó una fuerte polémica política hasta el punto de que el PSOE, contrario a la nueva estructura, se negó a participar en su creación y a formar parte de él, rechazando proponer candidatos para integrar el consejo de la institución. El principal partido de la oposición defendía la permanencia del diseño anterior por las dudas que suponía el funcionamiento integrado de todas las actividades, que, de hecho, apenas se estila en otros países del entorno.
Al frente de la nueva comisión, el Gobierno del PP nombró a José María Marín Quemada, catedrático de Economía de la Universidad a Distancia en aquel momento consejero del Banco de España y persona cercana al ministro de Economía, Luis de Guindos. La vicepresidencia recayó en María Fernández Pérez, proveniente de la Oficina Económica del presidente del Gobierno e impulsada por su titular, Álvaro Nadal. A su vez, cada uno de ellos preside las salas (la de Competencia, específicamente, y la de Regulación), formadas por cinco miembros cada una. La de Competencia está presidida por el presidente de la CNMC y la de Regulación, por la vicepresidenta.
El mutis del PSOE supuso que el PP nombrara al resto de consejeros, salvo los dos representantes del PNV (Idoa Zenarruzabeitia) y CiU (Josep Maria Guinart), partidos que sí aceptaron el modelo. La exdiputada vasca integró con Marín, María Ortiz, Benigno Valdés y Fernando Torremocha, la sala de Competencia. Guinart en Regulación con Eduardo García Matilla, Diego Rodríguez y Clotilde de la Higuera. En teoría el plantel de consejeros respondía a un perfil de profesional objetivo, refractario a los intereses de partido; pero la afinidad de alguno de ellos al PP no hacía otra cosa que sembrar la discordia, como no tardó en comprobarse.
La evolución de los acontecimientos en los dos años ya largos de funcionamiento del organismo así lo demuestra. La división se reflejó en los votos particulares disidentes de Valdés y Torremocha, personas afines al PP, de forma recurrente. Rara ha sido una resolución que no haya tenido su voto particular: multas a las petroleras, empresas de recogida de basura, recuperación de papel y cartón, SGAE-conciertos, peluquería, productores de sal, palés, Nestlé España, Endesa, criadores de caballos, Agencias de viaje independientes, Colegio de arquitectos de Huelva... Una actitud que colmó la paciencia del resto de componentes de la sala y que se trasladó al pleno, donde perviven dos bloques bien definidos.
El enfrentamiento se ha cristalizado, como punto culminante, en la renovación parcial que afecta a tres miembros del consejo (dos de ellos de la cuerda contestaria), cuyo mandato terminó en septiembre con posibilidad de renovación por cuatro años más. Marín logró que el Gobierno dejara la decisión para después de las elecciones en contra de la opinión de Moncloa de hacerlo antes para asegurarse la permanencia de los consejeros afines (Matilla y Rodríguez), algo que se había convertido en casus belli para Marín, que ha seguido en sus trece, aunque no le haya generado, precisamente, buenas relaciones con algunos ministerios, especialmente con el de Industria, con el que ha tenido distintos pareceres en decisiones relativas a la regulación de las telecomunicaciones, el petróleo y la electricidad, Fomento y la Oficina Económica del presidente.
Probablemente, nadie en el Gobierno pensaba que la nueva CNMC, iba a acarrear tanto ajetreo. Y ha hecho lo que tenía que hacer, aunque sus decisiones toquen de lleno al poder económico. Eso le ha supuesto ganarse enemistades; pero también respeto tanto en la oposición, que ya ve que el modelo funciona. La actuación de Marín ha sido valorada positivamente por la oposición, que ha matizado su opinión. El cambio del mapa político, por otra parte y toda vez que se aclare el panorama, hace posible que los dos nuevos grupos que se han incorporado al Parlamento (Ciudadanos y Podemos) quieran tener presencia, por lo que la posibilidad de que los actuales consejeros sean renovados resulta bastante remota. Es posible también que se aproveche para ampliar a 12 el número de consejeros y que se busque un perfil menos político.
Pero más allá de los enfrentamientos y divisiones, que han llenado de obstáculos el camino de los dos primeros años, lo esencial ha sido el funcionamiento de la CNMC. En este tiempo, el empeño de la institución ha hecho que se hayan actualizado muchas regulaciones y adaptado otras nuevas. A lo largo de los años y en esta etapa con más resonancia, la defensa de la competencia ha experimentado un proceso de modernización constante, probablemente más lento de lo deseable; pero constante. Muchas veces, la propia desidia de la Administración y las actitudes de los grupos de presión han impedido avanzar en sentido positivo. Y ahí es donde está el reto actual. Porque quedan muchas cosas por hacer y evitar actuaciones corporativas contrarias a la libre competencia fraguadas por intereses sectoriales y empresariales perniciosos dando lugar, por ejemplo, a conductas oligopolísticas o monopolísticas. Sectores como las farmacias, muchos colegios profesionales, los taxis, estancos, alquiler de coches, entre otros muchos, siguen viviendo en un reino anticompetitivo.
La CNMC ha incorporado la figura de la clemencia, que premia al infractor que denuncia un cártel quitando o reduciendo la multa, y prepara más cambios en materia como los grupos de presión. Pero una de las tareas esenciales es que las multas que pone la CNMC sean lo suficientemente disuasorias para que las empresas respeten la competencia. Uno de los defectos que acarrea la regulación es, precisamente, las sanciones no son lo suficientemente altas para convencer a los infractores de que no las cometan. Además, suele ocurrir que los tribunales han echado para atrás muchas de las decisiones de la Comisión o han reducido las multas de forma notable. El recurso se ha convertido en una especie de coladero porque reduce o anula las sanciones u obliga a recalcularlas.
Miguel Ángel Noceda es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Tras pasar por la revista Mercado, el periódico Cinco Días y formar parte del equipo fundador de La Gaceta de los Negocios, se integró en el diario El País en 1989, donde actualmente ocupa el cargo de corresponsal económico.