• Madrid lidera los casos de insolvencias judiciales con 732 concursos registrados entre enero y abril (un incremento interanual del 142,3%); Cataluña registra 654 (un 31,3% más que en 2012); Valencia acumula 457 concursos en los cuatro primeros meses del año (un 30,2% más); Andalucía llega a 291 (un 3,2%) y el País Vasco registra 229 concursos de acreedores de sociedades mercantiles (un 13,9%).
• Por sectores, el más afectado por los procesos concursales es el de la Construcción, con 869 (un promedio de 7,24 insolvencias judiciales al día, que suponen un aumento del 17,3% en tasa interanual); seguido del Comercio mayorista y minorista, con 609 (un 37,5% más que en 2012); Industria Manufacturera, con 463 casos (un crecimiento del 26,15%); Hostelería, con 336 (se multiplica por cuatro el número de procesos concursales, si bien en este caso particular un porcentaje muy elevado corresponde a sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial); en quinto lugar se encuentra el negocio Inmobiliario, con 329 casos, un 48,2% más.

El patrimonio personal como garantía para el negocio

axesor recoge por primera vez los datos de concursos de acreedores iniciados por autónomos, sociedades no mercantiles y personas físicas. De acuerdo con los datos recopilados por axesor, 47 autónomos y sociedades no mercantiles entraron en concurso de acreedores en los cuatro primeros meses del año, una cifra que supone un descenso del 25,4% comparada con los mismos meses de 2012. En cuanto a las personas físicas, muchas de las cuales son pequeños empresarios que han tenido que emplear su patrimonio personal como aval, hasta que se han visto abocados a la insolvencia; el dato es de 253 personas, frente a las 426 de 2012 (-40,6%).

El responsable del Gabinete de Estudios Económicos de axesor, Javier Ramos-Juste, explica las razones de estos niveles tan bajos: “La razón radica en que la teórica responsabilidad limitada con que  las sociedades limitadas operan en España no es real. Con elevada frecuencia los acreedores de la empresa pequeña exigen de los dueños garantías personales o garantías reales sobre activos que forman parte de su patrimonio personal. De este modo, un procedimiento concursal para una empresa pequeña condena también a su propietario a una situación de insolvencia. Tanto la persona física como las pequeñas empresas no tienen incentivo alguno a declararse en concurso ya que es un proceso costoso que, además, no contempla mecanismos claros y eficientes de liberación de deudas para el empresario honesto. Cierran y sus propietarios quedan condenados a operar en la economía sumergida. O, en el caso de los propietarios de vivienda, son desahuciados y condenados a asumir la parte de deuda no saldada con la entrega del inmueble”.