Los aplazamientos de las moratorias concursales hasta marzo de 2021, aprobados por el Gobierno a mediados del pasado mes de noviembre empiezan a arrojar sus frutos. La medida ha supuesto un muro de contención a la sangría de concursos de acreedores que se preveían como colofón a un año nefasto para el tejido empresarial en España.

Prueba de ello son los resultados del último Radar de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas de axesor, que recoge los datos hasta finales del mes de noviembre. Si en octubre los procedimientos concursales crecieron a un ritmo del 10,5% (tras siete meses de caídas continuadas), noviembre se saldó con un descenso del 11,7%, hasta dejar el total acumulado en los once primeros meses del año en 3.736 procedimientos, un 14,6% menos que en el mismo periodo de 2019.

Las últimas semanas están sentando las bases para lo que será el sector financiero del futuro. La banca de toda la vida, la de bancario y ventanilla, quedará en pocos años en el recuerdo de quienes vivimos a caballo entre los siglos XX y XXI.

Si hace algo más de una década veíamos como la reestructuración bancaria dejaba vacías de inquilinos miles de sucursales (desde entonces hasta ahora se han cerrado más de 20.200) con una reducción del 46%, hoy nos encontramos inmersos en la ya anunciada era de las fusiones. Primero la fusión de CaixaBank y Bankia que abrieron la puerta a Unicaja y Liberbank, sobre la que todavía queda rematar algún fleco. Después, y tras el anuncio de venta de su filial de Estados Unidos por 9.700 millones de euros, BBVA y Banco Sabadell, aunque bien es cierto que en los últimos días ha sufrido algún que otro desencuentro económico.

Probablemente, en la edad contemporánea y desde los aciagos años de conflictos bélicos del siglo pasado, nunca hubo tantas ganas de terminar un año. De forma más o menos abrupta, todos expresamos nuestro deseo de dar carpetazo a este 2020. Más si nos referimos al vapuleado tejido empresarial de España que, con un 98% de autónomos y pymes, es el que más ha sufrido el daño del COVID-19. Tal es así que, a pesar de las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo con el fin de evitar la quiebra masiva de empresas solventes, este fatídico 2020 acabará con un “importante repunte de los concursos de acreedores”. Así lo asegura el Gabinete de Estudios Económicos de axesor en su último Boletín Trimestral de Morosidad PULSE. Incremento que, valga la pena señalarlo, se cebará en los sectores que ahora son estratégicos para la economía española, como son la hostelería, el turismo, el comercio y la automoción.

El COVID-19 no distingue de clases ni edades. Tampoco de sectores públicos o privados. En un mundo globalizado el virus no ha querido ser menos y ha contagiado la sanidad y economías mundiales. Personas, pequeños negocios, medianas y grandes empresas… Y de este modo, en escalada, hasta las administraciones públicas.

Tal es así, que el primer semestre de 2020 se ha caracterizado por una aguda sequía en lo que respecta a las transferencias de fondos públicos a las empresas y autónomos. O lo que es lo mismo, el importe concedido en subvenciones se recortó casi un 40%. La tijera también se notó en el número de ayudas públicas canalizadas a las empresas, que cayeron casi un 30%. En cifras absolutas, y según el Anuario de Subvenciones y Licitaciones de la Administración Pública correspondiente a 2019 y 1er semestre de 2020, elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor, en los seis primeros meses del año se concedieron un total de 140.859 subvenciones por un volumen de 2.208,7 millones de euros.

El Gobierno ha extendido las medidas de ámbito mercantil y concursal que pretenden evitar que miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) y de autónomos entren en liquidación automática como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Así, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, publicado en el BOE el 18 de noviembre, extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.

También se amplía el plazo para la inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio y las de incumplimiento del acuerdo de refinanciación. Con ello, se busca evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, otorgándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores.