• El Gabinete de Estudios Económicos de Axesor, primera agencia de rating española, presenta su Hoja de Análisis sobre el Sector de la Construcción. En este informe se destaca que durante el periodo 2008 a 2013 se destinaron 119.750,56 millones de euros a licitaciones públicas de edificación e infraestructuras. Aunque en 2013 se experimentó un incremento del 17,4% respecto a 2012, el volumen actual está un 81,45% por debajo de 2007 y es un 81,9% menor a 2008. Por otra parte, en el informe también se aborda el futuro del sector, que pasa necesariamente por la internacionalización y la búsqueda de fuentes alternativas de financiación a los tradicionales créditos bancarios, entre las que destacan el recién creado MARF y los project bonds impulsados por la UE.
• En los últimos cinco años, la construcción ha perdido más de 1,17 millones de empleos (el 51% de los que había en 2008). Entre 2009 y 2013 cerraron más de 28.239 empresas del sector, si bien esta cifra oficial de bajas es sensiblemente inferior a la real, ya que la mayoría de las sociedades que han cesado su actividad no lo han comunicado oficialmente. Durante este mismo lapso de tiempo se crearon 68.233 nuevas compañías, principalmente gracias al empuje de las empresas especializadas en la construcción de edificios. Esta supuesta pujanza se explica, entre cosas, por la necesidad de muchos pequeños empresarios de seguir trabajando en el sector pese a ser insolventes, lo que conduce a numerosos cambios de razón social y socio administrador. Aunque el sector ha ido perdiendo peso en la economía española, sigue siendo relevante. En 2007, el 36% de las empresas creadas eran constructoras y el capital suscrito para estas nuevas sociedades representaba un 18% del total; en 2013, las constructoras suponían cerca del 25% de las nuevas compañías y el capital suscrito, un 8,4% del conjunto nacional. Un dato muy indicativo de la salud del sector es el de las reducciones de capital, que alcanzaron en el primer trimestre de 2014 su máximo histórico, al rebasar los 1.003,54 millones de euros. Las empresas reducen capital cuando éste supera las necesidades de la compañía o es necesario ajustar fondos debido a la debilidad de su situación, conviene recordar que es causa inmediata de disolución el hecho de que el patrimonio neto de una compañía se sitúe por debajo de la mitad de su capital social. Entre 2008 y 2013 se declararon 33.609 concursos de acreedores por parte de sociedades mercantiles, de los que 11.015 fueron solicitados por constructoras, un 32,7% del total. Conviene reseñar que en el primer semestre de 2014 los concursos cayeron en las constructoras un 35,9% respecto al primer semestre de 2013, frente al 28,45% del total nacional.

Cifra de negocio

Los datos de la cifra de negocio para la construcción llegan hasta 2012, el último año del que hay cifras completas. Para este análisis, Axesor ha tomado una muestra significativa y ha dividido el sector en tres grupos: construcción de edificios; actividades de construcción especializada e ingeniería civil. El resultado es que el volumen de facturación experimentó un descenso del 45,9% en 2012, comparado con 2008, pasando de 133.612,9 millones de euros a 72.258,6 en 2012. El principal responsable de este ajuste es el subsector de construcción de edificios, que bajó de 71.072 a 36.196,2 millones de euros (-49,07%); las actividades especializadas cayeron de 34.739,2 a 21.142,4 millones de euros (-38,85%); por último, la ingeniería civil pasó de 27.801 a 14.820 millones de euros (-46,69%). Eso sí, estas cifras no representan la totalidad de la facturación; se refieren exclusivamente a la muestra representativa, que es de 15.970 empresas.

El desplome de la licitación pública en España

Una de las variantes fundamentales para la profunda crisis de la construcción es el colapso de la licitación pública en España. En 2008, el importe licitado en el sector de la construcción ascendía a 38.427,68 millones de euros, divididos en 28.374,18 millones de euros correspondientes a las obras de ingeniería civil y 10.053,5 millones a edificación. En 2013, el importe adjudicado en ingeniería civil fue de 5.232,74 millones de euros (-81,5% sobre los máximos de 2008), mientras que las licitaciones en edificación sumaron 1.702,75 millones de euros (-83%). Tras estos desplomes, algo parece estar mejorando el panorama en 2014, con importes de licitación progresivamente superiores.

El reparto por comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía a la cabeza

Cataluña es, con una diferencia sustancial, la comunidad en la que más dinero se ha destinado a las licitaciones para obras de edificación y de ingeniería civil, lo que la ha convertido también en una de las regiones más endeudadas. En el conjunto de España, el importe las licitaciones concedidas para edificación y obras de ingeniería civil por parte del conjunto de Administraciones Públicas suma 157.150 millones de euros para el periodo de tiempo que va de 2007 a 2013. Estas cifras se hacen teniendo en cuenta la suma del importe licitado por el Estado, la Seguridad Social y los Entes Territoriales (comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos insulares y ayuntamientos). Si la estadística se limita exclusivamente a los años de crisis (2008-2013), el montante asciende a 119.750,56 millones de euros. Entre 2007 y 2008, el importe adjudicado aumentó en más de 1.000 millones, al pasar de 37.400 a 38.427,7 millones de euros. A partir de ahí, empezó un vertiginoso descenso en los importes de licitación, si bien hasta 2011 aún se concedían más de 10.000 millones al año en el conjunto del territorio nacional. El punto más bajo fue en 2012, cuando la suma de las licitaciones para la construcción cayó a 5.908,11 millones de euros. Siendo llamativo el hecho de que el 37,7% de ese volumen procedió de Galicia y País Vasco, las dos únicas comunidades en las que se adjudicaron más de 1.000 millones entonces. Aunque el año pasado no hubo ninguna región en la que superaran los 1.000 millones, tuvo lugar un cambio de tendencia que los primeros datos preliminares de 2014 parecen confirmar que continúa. El importe de las licitaciones para la construcción aumentó en 2013 un 17,4% hasta alcanzar los 6.935,5 millones. Las partidas crecieron en todas las comunidades salvo en Galicia, País Vasco y Navarra. En la distribución de los importes, el peso estatal oscila mucho frente al autonómico y local. En 2008, la administración central supuso el 46,15% del total, al año siguiente cayó al 33,05% y en 2010 fue de solo el 20,77%. En 2011 se elevó otra vez al 43,14%, bajó al 37,25% en 2012 y volvió a subir en 2013 al 41,35%. A continuación, repasamos la situación en las ocho regiones donde los importes de licitación son más elevados.

En 2007, en Cataluña se adjudicaron 7.072,33 millones de euros para el conjunto del sector de la construcción. En 2008, el volumen aún superaba los 6.200 millones de euros y, de hecho, no sería hasta 2012 cuando el importe bajaría de la barrera de 1.000 millones al situarse en 645,67. En 2013 se adjudicaron 752,62 millones de euros, es decir, aumentó el importe en más de 100 millones de euros de un año a otro, si bien la cifra es aún un 89,3% inferior a los registros de 2007. El periodo 2007-2013 supone para Cataluña un volumen total de 25.068,99 millones de euros en licitaciones para la construcción. En lo que se circunscribe a los años de crisis, es decir, descontando 2007, el importe adjudicado suma 18.006 millones, de los que el 92,23% se concedieron entre 2008 y 2011.

Andalucía es la otra comunidad que destaca notoriamente en licitaciones para edificación e ingeniería civil. De 2007 a 2013 se otorgaron 23.648,97 millones de euros en esta región. Al igual que en Cataluña, tampoco se bajó de los 1.000 millones por año hasta 2012. En 2007 se adjudicaron 5.979,71 millones de euros, la cifra se elevó a 6.774,01 en 2008, convirtiéndose en líder nacional; algo que también sucedió en 2011, cuando Andalucía fue la comunidad que más dinero público destinó en toda España a licitaciones de construcción, con un importe total de 1.433,42 millones de euros. Los 990 millones registrados en 2013, suponen un ajuste del 83,44% sobre 2007. Los importes entre 2008 y 2013 ascienden a 17.669,27 millones de euros (el 90,5% en los cuatro primeros años).

Madrid ocupa el tercer lugar de la estadística, pero a mucha distancia, pues acumula 14.797,06 millones de euros de 2007 a 2013. En 2007 se concedieron en la comunidad 3.042,77 millones de euros, un 56,9% menos que en Cataluña y un 49,11% menos que en Andalucía. El año de mayor importe adjudicado fue 2009, cuando las licitaciones para la construcción sumaron 4.057,92, más de 1.000 millones por debajo de las dos comunidades antes mencionadas. El mínimo se alcanzó en 2012, con 458,4 millones de euros, que subieron el año pasado a 768,86  millones (líder nacional); el importe es un 74,73% inferior a 2007. Entre 2008 y 2013, el montante suma 11.781,3 millones de euros (el 89,35%, en los cuatro primeros años).

Castilla León es la cuarta comunidad más relevante en esta estadística, con un total de 13.347,06 millones de euros acumulados; un techo de 3.638,1 millones de euros en 2008 y un suelo de 183,18 millones en 2012, que se elevó vertiginosamente a 717,2 millones el año pasado, aún un 76% por debajo de los ratios de 2007. Limitando la estadística a los años de crisis 2008-2013, la suma es de 10.443,12 millones, de los que el 91,37% se concedió en los cuatro primeros años.

País Vasco ocupa la quinta plaza con un volumen total adjudicado de 13.121,7 millones de euros de 2007 a 2013. Los máximos tuvieron lugar en 2009, con 2.788,88 millones de euros. Euskadi fue la comunidad que más dinero destinó en España a licitaciones de construcción en el año 2012, con 1.197,74 millones de euros, que cayeron 479,88 en 2013 (un 80,89% menos que en 2007). Entre 2008 y 2013 los importes suman 10.610,11 millones, de los que el 84,2% se licitaron en los cuatro primeros años, lo que da idea del diferente ritmo de ajuste respecto a otras comunidades.

Galicia es la última comunidad que supera los 10.000 millones de euros acumulados entre 2007 y 2013. Durante tres años consecutivos (2007-2009) se adjudicaron más de 2.000 millones, alcanzando 2.663,21 millones en 2008. En 2012 aún se superaron los 1.000 millones, para caer a 445,33 en el último ejercicio. Entre 2008 y 2013, la partida de dinero público para la construcción llegó a los 9.069,43 millones de euros, de los que el 83,71% se repartieron en los cuatro primeros años.

Valencia es la siguiente región con más adjudicaciones, que fueron evolucionando negativamente desde los 3.534,6 millones de euros en 2007 hasta solo 280,58 millones de euros en 2012, que prácticamente se duplicaron en 2013 (501,17 millones de euros). El saldo acumulado de 2008 a 2013 es de 8.614,34 millones de euros, de los que el 90,9% corresponden a los cuatro primeros años.

Por último, en Castilla La Mancha, las licitaciones para obras públicas superaron los 1.000 millones en todos los ejercicios de 2007 a 2010, con un máximo de 1.875,18 millones en 2008. En 2011 se produjo una caída en picado hasta los 255,23 millones, que volvió a bajar hasta 106,06 millones al año siguiente y que se recuperó modestamente hasta 125,7 millones el año pasado. Entre 2008 y 2013 se asignaron 5.196,087 millones de euros a obra pública, de los que el 95,56% se licitaron en los cuatro primeros ejercicios, lo que pone de manifiesto la magnitud del ajuste llevado a cabo en la comunidad manchega.

Morosidad bancaria y alternativas de financiación, la opción de los ‘project bonds’

El deterioro de la calidad de los activos del sector de la construcción y el negocio inmobiliario ha tenido un reflejo evidente en la evolución de la morosidad. De acuerdo con datos que maneja el Banco de España, la morosidad de la construcción y las inmobiliarias era, al cierre de 2006, prácticamente equivalente a cero. Esta morosidad pasó a partir de entonces a incrementarse vertiginosamente, hasta llegar a un ratio del 34% para las constructoras al término del año pasado y del 38% para las inmobiliarias. En consecuencia, la concesión de créditos ha ido descendiendo rápidamente. Así, de acuerdo con las cifras del Banco de España, el crédito a la construcción acumula seis años consecutivos de caída, pasando de 151.847,7 millones de euros en el pico de 2007 a 62.934 millones de euros al cierre de 2013. Dadas las restricciones impuestas a las entidades financieras por los requisitos de solvencia de Basilea III es improbable que esta tendencia mejore de forma significativa en los próximos años, por lo que es prioritario para las empresas del sector plantear estrategias de cara a los próximos años.

El futuro pasa necesariamente por la internacionalización, para lo que la dimensión de las empresas, con el objetivo de ser competitivas, se antoja como un elemento fundamental. No en vano, un informe de Boston Consulting Group cifra en 40 y 50 billones de dólares las necesidades de inversión en infraestructuras a nivel global para el periodo 2010-2030. De acuerdo con los cálculos realizados por el Gabinete de Estudios de Axesor, las empresas españolas del sector de la construcción y promoción que deciden unir su patrimonio y formar una nueva sociedad representaron, con 446 operaciones, el 24% del total de fusiones en 2013 (se contabilizaron 1.835).

Otra de las claves es optar por fuentes de financiación alternativa a la bancaria. Dos grandes compañías del sector, Copasa y Grupo Ortiz, ya han apostado con éxito por apelar al mercado de capitales emitiendo deuda en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Como fuente alternativa de financiación también destaca la iniciativa impulsada por la UE de los llamados project bonds, para fomentar las colaboraciones público-privadas en proyectos de infraestructuras. Los bonos de proyectos son instrumentos de deuda emitidos por las empresas financiadoras de proyectos y que tienen como target principal a inversores institucionales. Para hacer más atractivos estos vehículos de inversión se establecen mecanismos de mejora de la calidad crediticia, como garantías de liquidez o tramos de deuda subordinada que, en Europa, han sido facilitados por el BEI (Banco Europeo de Inversiones). Esta estrategia hace posible que las emisiones puedan alcanzar calificaciones de rating de A, al separar la deuda vinculada al proyecto entre deuda principal (senior) y subordinada, cuyo riesgo es compartido por el BEI; los project bonds se convierten así en un activo de inversión apto para los grandes fondos institucionales, como, por ejemplo, los de planes de pensiones, que buscan flujos de caja estables.

En conclusión, en la actualidad se dan importantes circunstancias que deberían permitir y animar a pymes del sector abordar también ese proceso de diversificación e internacionalización, teniendo presente que el futuro pasa por una mayor dimensión, alternativas de financiación a la bancaria y un mejor conocimiento del mercado de licitación multilateral.