Citación.

DEFINICIÓN

Procedimiento por el que se sustancian demandas cuyo valor sea inferior a 480,80 euros (80.000 pesetas). Se caracteriza por su rapidez y simplicidad en los trámites. Cuando la cuantía sea inferior a 48,08 euros (8.000 pesetas) la competencia corresponde a los Jueces de Paz. Se exceptúan las demandas de tercería y las que se deduzcan por reconvención en los juicios de mayor y de menor cuantía.

En la fase de citación, se hace un llamamiento al demandado para que comparezca ante el Juez, siendo esta obligatoria al venir prevista en una disposición legal.

Las citaciones y emplazamientos se harán por cédula que contendrá:

  • el Juez o Tribunal que hubiese dictado la providencia, la fecha de ésta y el negocio en que haya recaído.
  • Nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación.
  • Objeto de la citación y la parte que la hubiese solicitado.
  • Sitio, día y hora en que deba comparecer el demandado.

Presentada la demanda, del Juez dentro del segundo día, dictará providencia a continuación de la demanda, convocando a las partes a una comparecencia, señalando día y hora al efecto (no debe mediar menos de 24 horas ni más de 6 días entre la citación y la celebración de la comparecencia).

Cuando no sea conocido el domicilio del demandado se hará la citación por medio de edictos que se fijarán en el lugar del juicio y en el de su última residencia, pudiendo el Juez ampliar en este caso el término de la comparecencia, sin que pueda exceder de 20 días. También se publicarán los edictos en los periódicos oficiales, cuando el Juez lo estime necesario.

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CONSECUENCIAS

  • Solo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
  • Será declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación, bien por fuerza mayor ininterrumpida o por desconocimiento de la demanda o el pleito. No obstante, se continuará el juicio sin volver a citarlo.

REGULACIÓN LEGAL

  • Art. 272, 722 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.