España se encuentra en una situación de excepcionalidad nunca antes conocida. El 14 de marzo el Gobierno decretó por segunda vez en la historia de la democracia el estado de alarma. Éste quedó promulgado en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En él se regulaban y armonizaban una batería de medidas urgentes y de carácter extraordinario para hacer frente al impacto tanto económico como social del COVID-19.

Quince días después, el 29 de marzo, el Ejecutivo ampliaba hasta el 9 de abril el abanico de actividades no esenciales sujetas al confinamiento. Durante quince días en España será domingo. Servicios sanitarios, fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, transportistas, abogados, gestores administrativos, ciertas actividades de la industria manufacturera, estancos, personal de limpieza, industria aeroespacial, telecomunicaciones y servicios informáticos esenciales, son algunos de los sectores en los que se podrá seguir trabajando. El resto quedará sujeto a un permiso obligatorio retribuido de ocho días.

Dice el refranero español que “a perro flaco todo son pulgas”. Esto es lo que está ocurriendo en las empresas españolas. Antes de que eclosionase la crisis sanitaria del COVID-19, el agotamiento de la economía ya había calado en el tejido empresarial. En los dos primeros meses del año, las sociedades españolas redujeron capital por importe de casi 3.500 millones de euros (3.495,77 millones de euros para ser más exactos). Cifra un 99,52% superior a la del mismo periodo de 2019.

Dato malo, sin lugar a dudas, que es probable se agrave después del confinamiento al que nos ha obligado el coronavirus, entre otras cosas porque la crisis de oferta inicial se ha agravado con una crisis de demanda.

Hace más de una semana que el COVID-19 dejando cifras de contagios que ya alcanzan los 244.523 en todo el mundo, y en España los 18.077 casos. Son cifras sin precedentes que desgraciadamente, pronto crecerán y quedarán desactualizadas. Si bien las vidas humanas y recuperar la normalidad sanitaria es lo más importante, existe otra crisis que sobrevendrá de la sanitaria, la económica. A finales de la semana pasada Funcas rebajaba las previsiones de crecimiento desde el 1,6% hasta el 1,5%. Dato que no se da por cerrado y que podría caer alguna décima más en función de cómo evolucione la crisis y de si se confirma que el escenario de recuperación pasa de la V a la U.

Dada la composición del tejido empresarial en España, con un 98% de autónomos y pequeñas empresas, es indudable que será la economía real las que peores cartas lleva en la partida. Es por ello por lo que el Gobierno aprobaba el pasado martes, una batería de medidas para paliar el impacto que puede acabar con cientos de miles de negocios a lo largo y ancho del país. Se inyectarán 200.000 millones de euros a la economía, “la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia”, aseguró el Presidente del Gobierno. De ellos, 17.000 correrán a cuenta del Estado, otros 83.000 del sector privado y 100.000 se corresponderán con la línea de avales para facilitar liquidez a las empresas.

Bien fuese por necesidad -caso de muchos- o por vocación -caso de muchos otros- primero la crisis, después la recuperación y, de por medio, la transición hacia un mercado de trabajo en el que la digitalización de la economía ha cambiado el modelo de relaciones laborales, despertaron el espíritu emprendedor de muchos españoles. Startups y nuevos proyectos empresariales afloraban por miles, llegándose a superar la barrera de los 13.000 en febrero de 2008.

Doce años después, parece que el boom del emprendimiento empieza a perder potencia. Desde que arrancase 2020 la creación de empresas se desploma peligrosamente. Enero y febrero cerraron con una caída del 8,71% con respecto a los dos primeros meses de 2019. Los absolutos que se recogen en el radar empresarial de axesor dan mejor idea de la magnitud, durante los dos primeros meses del año se constituyeron 1.522 compañías menos que hace un año. Asimismo, durante el mes de febrero, la curva descendente del emprendimiento se acentuó un 13,27%, dejando el número de constituciones por debajo de las 8.000.

No es de extrañar que ante las aguas revueltas sobre las que deriva la economía este 2020 la banca prefiera apretar, de nuevo, el cierre del grifo del crédito. En los tres primeros meses del año el volumen de crédito que concederán las entidades financieras a las empresas se situará en torno a los 1,128 billones de euros, un 2,7% menos que en el mismo trimestre de 2019. Tras nueve años de caídas consecutivas, se sitúa así en su nivel más bajo desde 2014, según las previsiones del Gabinete de Estudios Económicos de axesor recogidas en el boletín Pulse elaborado por la agencia de rating del mes de enero.

En el caso del sector inmobiliario, el crédito a ‘las sociedades del ladrillo’ continuará su descenso en tasas superiores al 10% y las hipotecas sufrirán un ajuste a la baja próximo al 6%. Las familias serán las que peor lo tendrán a la hora de financiarse, ya que el desplome será del 19,3%.