La economía española ha entrado en una fase ascendente. Esa es al menos la conclusión que se extrae de los distintos indicadores de actividad que se vienen publicando desde hace unos meses y de las declaraciones de autoridades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su última evaluación de la economía española resaltó el cambio drástico de condiciones que ha tenido lugar durante el último año y medio, la pujanza de las exportaciones y la progresiva recuperación de la confianza inversora. La economía española despega de nuevo, pero de momento el vuelo es prácticamente a ras de tierra; lleva encima un lastre considerable que se sustancia en una tasa de paro del 25%, muy difícil de aligerar de una forma significativa. Es en esta recuperación de baja intensidad en la que se enmarcan los últimos datos de ampliaciones de capital recopilados por nuestro Gabinete de Estudios. Así, las ampliaciones cayeron un 58,05% entre los meses de enero y abril, hasta situarse en 21.968 millones de euros.

Hemos analizado el sector vinícola español y le hemos otorgado un rating de B+. Nuestra agencia de rating ha emitido calificaciones sobre tres compañías; se trata de CVNE (Compañía Vinícola del Norte de España), que tiene una nota de A con tendencia estable; Barón de Ley (BBB, con tendencia estable) y Bodegas Riojanas (B+ con tendencia estable).

La industria vinícola española se encuentra en una situación compleja, con la necesidad de acelerar la actividad en el mercado exterior ante la persistente caída del consumo doméstico. Es significativo que, según estimaciones del Observatorio Internacional del Vino, el consumo por habitante se haya reducido en España más de un 40% en el transcurso de la última década para situarse en 19,9 litros por año, uno de los niveles más bajos de Europa y la mitad que en países como Italia, Francia o Portugal. En España, la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración del vino son de carácter familiar y de dimensiones reducidas, lo que acentúa la atomización del mercado y dificulta, por cuestiones de solvencia o de liquidez, la capacidad de supervivencia en el marco económico actual.

El Gobierno ha colocado nuevos guardarraíles para proteger el camino de piedras que conduce a la recuperación y frenar la caída en tromba por el precipicio de las suspensiones de pagos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, fue el primero en apuntarse la medalla al mérito empresarial cuando anunció a primeros de año la aplicación de medidas urgentes para favorecer las refinanciaciones de compañías embriagadas por la borrachera de deuda durante los años de vino y rosas.

El Real Decreto-Ley 4/2014 entró en el BOE el pasado 8 de marzo bajo el palio de un acuerdo parlamentario inaudito para los tiempos que corren. Los principales grupos políticos no han desaprovechado la ocasión de retratarse con el traje de bombero en un intento unánime por apagar las llamas de la gran recesión económica. Son muchos los que dan por sofocado el fuego, pero los más cautos saben que las tareas de extinción no terminarán hasta que se apaguen los últimos rescoldos del incendio.

Los concursos de acreedores iniciados por sociedades mercantiles descendieron en España en abril por sexto mes consecutivo, según los datos recopilados por nuestro Gabinete de Estudios. En abril se iniciaron 535 procesos formales de insolvencia; es decir, unos 26 por cada día hábil. La cifra es, sin duda, muy elevada. Como referencia, basta decir que en todo el año 2007, el último antes de que la crisis estallara en toda su intensidad, se declararon en España 941 concursos. Aunque recientemente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurara que España había doblado ya el Cabo de Hornos, una metáfora en referencia al que es considerado como el enclave más meridional de América del Sur, cuyas aguas son especialmente peligrosas, la normalización en términos de actividad económica queda aún muy lejos. Así lo ha confirmado esta misma semana informe de previsiones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que pronostica para este año y el siguiente tasas de paro en el entorno del 25% de la población activa y un volumen deuda pública superior al 100%. Con todo, hay un claro cambio del panorama concursal en España: los concursos de acreedores crecieron en España en tasa interanual durante 30 meses consecutivos; entre mayo de 2011 y octubre de 2013, batiendo un récord tras otro mes a mes. Noviembre del año pasado fue el primer mes en el que los concursos bajaron respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El mes de abril ha venido a confirmar la nueva tendencia, que prevemos que continúe durante los próximos meses. El saldo acumulado de los cuatro primeros meses es de 2.452 concursos, todavía es el segundo peor primer cuatrimestre desde que entró en vigor la ley que rige el proceso concursal desde hace una década. Sin embargo, el balance es de una caída del 26,78%, comparado con el mismo periodo de 2013.

A continuación resumimos los principales datos del Boletín Conjunto de GESIF y axesor de Seguimiento de la Morosidad y la Actividad Empresarial que puedes descargar al completo en este mismo artículo. La información que destacamos se corresponde con los últimos datos disponibles que definen una parte importante del entorno económico en el que nos encontramos hoy en día en España.

El sistema financiero español continúa con su particular proceso de ajuste. Tras los datos de febrero, el saldo vivo de crédito de la economía española cayó hasta los 1,37 billones de euros constantes y la morosidad ascendió hasta los 187.700 millones de euros, variaciones del -7,3% y del 12,7%, respectivamente.