En el año 2017 tuvo lugar la última gran reestructuración del sector bancario español, uno de los tres protagonistas -junto a la construcción y las actividades inmobiliarias- de la última crisis de la economía española. Esa reestructuración impulsó las ampliaciones de capital en el sector financiero y permitió poner fin a la serie de caídas ininterrumpidas que se había registrado a lo largo de los tres años anteriores. 2017 fue el año en el que, por ejemplo, el Banco Santander amplió capital para asimilar la compra del Banco Popular, una absorción que quedó completada en 2018 y que, a día de hoy, sigue coleando. Ahí están el cierre de sucursales y el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acaparan atención mediática en las últimas semanas.

Desde 2017, cuando el volumen total destinado a ampliaciones de capital en el sector financiero y de seguros ascendió a 15.716 millones de euros, asistimos a una disminución del flujo destinado a esta forma de financiación que apela a accionistas e inversores y que en última instancia supone una muestra de confianza en el futuro de las entidades.

¿Recuerda usted qué hizo el 9 de junio de 2012? Le damos una pista: era sábado. ¿Aún así no se acuerda? Creemos que a mucha gente le pasaría lo mismo que a usted si se lo preguntáramos. Pero hay alguien que, a buen seguro, tiene en la memoria todos los detalles de esa jornada: se trata de Luis de Guindos, entonces ministro de Economía. Aquel 9 de junio fue quien, en nombre de España, pidió a la Unión Europea (UE) hasta 100.000 millones de euros para el rescate bancario.

La crisis económica mundial que había irrumpido en 2008 con la caída de Lehman Brothers tuvo características especiales en España: estalló la burbuja inmobiliaria que se había ido hinchando durante décadas; la banca se sumió en una crisis debido a los agujeros que dejó en sus cuentas aquel estallido, ésta tuvo que ser rescatada y el desempleo se desbocó, generando además una alarma social sin precedentes a la vez que el ciudadano de a pie se familiarizaba con el término prima de riesgo mientras esta trepaba y acaparaba portadas.

Si usted tiene la suerte o la desgracia -hay gustos para todos- de vivir en el centro de alguna de las grandes ciudades españolas, seguramente se haya dado cuenta del fenómeno. En escaparates de locales antes vacíos o de otros en los que algún negocio de barrio cerró sus puertas, desde tiempo se exhiben carteles con la frase de “Se alquila” o con la de “Se vende” sobre fotografías a color y planos de viviendas. Las inmobiliarias, que crecieron como setas al calor de la burbuja y menguaron aceleradamente cuando la crisis recorrió España, han vuelto a instalarse en las calles que recorremos con frecuencia. Si usted, por el contrario, vive en el extrarradio de una gran ciudad o en algún barrio junto a lo que antaño era el límite con el campo, habrá visto por su parte crecer allí promociones inmobiliarias de esas que anuncian a bombo y platillo modernas viviendas en comunidades con garaje, piscina y hasta gimnasio. Son solo dos ejemplos del día a día, pero la multiplicación de inmobiliarias y el regreso de las grúas dan una idea de la fortaleza que han recobrado los sectores vinculados al ladrillo.

La nueva fecha de término es el 31 de octubre. Nadie desea una salida abrupta del Reino Unido de la UE y Europa ha optado por otorgar una prórroga de seis meses a Theresa May antes de exponerse a los efectos imprevisibles de un Brexit sin acuerdo. La amenaza, por tanto, continúa ahí, paralizando decisivas iniciativas europeas -como la arquitectura ya pactada para prevenir futuras crisis financieras en la Unión-, comprometiendo la ya debilitada actividad económica de la región; y manteniendo en vilo a decenas de miles de empresas europeas que tienen en el Reino Unido uno de sus principales mercados.

Las grandes cifras ayudan a entender lo que está en juego. La UE supone el 47% del mercado de las exportaciones británicas de bienes y el 49% de las de servicios y el flujo bilateral se cuenta por billones de euros. Si centramos el foco en España, el Reino Unido es el segundo destino más importante de la inversión española en el exterior, del mismo modo que España lo es del Reino Unido, y el quinto si lo que se mide son las exportaciones, según la información de la Secretaría de Estado de Comercio. Los intercambios de bienes y servicios entre ambos países rondan los 30.000 millones de euros y son más de 10.000 las empresas españolas que venden sus productos en el mercado británico.

Las ampliaciones de capital cerraron el mes de marzo con un retroceso de casi el 12% y 2.047,9 millones de euros registrados. Se trata de del nivel más bajo para el mes de marzo desde 2016. Pese a ello, lejos de ser un descenso generalizado, la mayor parte de los sectores han experimentado incrementos en los importes canalizados a través de este mecanismo de financiación interna. Eso sí, ha habido caídas notables, decisivas en el sesgo negativo de la trayectoria de las ampliaciones de capital, como han sido las del sector financiero y la industria manufacturera. Pero también han tenido lugar notables excepciones, en especial en los casos de comercio, construcción y actividades inmobiliarias. Y es que, como ocurre con la meteorología, en el caso de las ampliaciones de capital, nunca llueve a gusto de todos.