La pandemia del COVID ha puesto a prueba dos de las más manidas aseveraciones de Albert Einstein. El físico alemán que formuló la teoría de la relatividad decía que “es en épocas de crisis cuando nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias” y que “sin crisis no hay méritos”. Si bien, esto puede estar siendo así en algunas, o muchas, economías mundiales, parece que, en el caso de España, seguimos apalancados en la misma zona de confort que nos llevó a la ruina en 2008.

A la vista de los datos de ampliaciones de capital a cierre de 2021, recientemente publicados por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor an Experian company, la economía española y su tejido empresarial se está reconstruyendo sobre los pilares del ladrillo y del sector financiero. La inversión total a lo largo del ejercicio superó los 28.700 millones de euros, un 50% más que en 2020. De esta cantidad, casi el 70% se atribuyó a bancos y aseguradoras, a actividades inmobiliarias y a la construcción. Bajando al detalle, los primeros ampliaron cerca de 12.600 millones de euros de capital y los segundos, algo más de 7.140 millones de euros.

Escribe José Saramago en su novela El viaje del elefante que “la vida se ríe de las previsiones”. Llevado al ámbito de la economía, no puede ser más cierto. Especialmente en un momento, en el que casi todo está sujeto al capricho de un virus cuyas variantes están resucitando el alma mater de una de nuestras lenguas madre, el griego.

Ese ser microscópico lleva poniendo patas arriba las economías mundiales desde que apareció en marzo de 2020 y, por ende, dando al traste con los modelos econométricos conocidos hasta ese momento. El COVID ha convertido en impredecible lo que antaño, a final de cada ejercicio, se resumía en la letanía del “más de lo mismo”.

Si por algo se caracterizará este 2021, que casi estamos despidiendo, es por haberse convertido en viaje inesperado y lleno de sobresaltos que ha puesto a prueba nuestra capacidad de reacción, la de nuestras empresas y la de nuestra economía. Tras superar los meses más duros de la pandemia, los buenos augurios llegaban con el progresivo levantamiento de las limitaciones en actividades tan críticas para la economía española como la hostelería y el comercio.

Las previsiones adelantaron los brotes verdes de la primavera al mes de enero y “Filomena” se encargó de recordarnos que todavía estábamos en invierno. En esta ocasión era la nieve la que congelaba la actividad. Después, aunque atípica y muy por debajo de las cifras pre-pandemia, la Semana Santa abría una puerta a que la recuperación mantuviese el vigor esperado, tanto por la aportación del turismo nacional, clave para la campaña, como por la evolución de la campaña de vacunación. Sin embargo, el año nos deparaba más sobresaltos. A la vuelta del verano, se comenzaban a notar los efectos de la escasez de suministros, el precio de la luz se disparaba hasta los 380 euros por megavatio hora, el barril de Brent volvía a superar los 80 dólares con el consiguiente encarecimiento de los combustibles… En definitiva, se producía una tormenta perfecta que incrementaba los precios. O lo que es lo mismo, la inflación se situaba en el 5,6%, alcanzando así máximos no conocidos en 30 años.

En marzo de 2020, pocos días después de confirmarse que la pandemia era un hecho en España y de declararse un Estado de Alarma que nos confinó en nuestros hogares durante 99 días, el Gobierno tomaba una serie de medidas de urgencia que tenían como objetivo prioritario evitar un descalabro económico mayor del que finalmente ha ocurrido. Entre ellas se encontraba la conocida moratoria de la Ley concursal que, grosso modo, suspendía la obligación de presentar concurso de acreedores y paralizaba la tramitación de las peticiones de los acreedores. Funcionó. Cientos de empresas solventes se salvaron de la quiebra.

Ahora que nos enfrentamos a lo que podría ser una nueva tormenta en la que se unen la escasez de suministros, el encarecimiento de las materias primas, un desmesurado aumento del precio de la energía, una inflación disparada y el surgimiento de una sexta ola provocada por las variantes Delta y Omicron, el Gobierno ha aprobado una nueva prórroga que extenderá la citada moratoria hasta junio de 2022. Ampliación que tiene las miras puestas en que el tejido empresarial de España pueda capear el temporal de incertidumbres y se consolide así la recuperación.

A los malos datos de concursos de acreedores, creación de empresas e inversión inicial, se añaden ahora los relativos a las ampliaciones de capital. Octubre cerró con una contracción del 9% interanual en el número de operaciones de ampliación de capital, lo que se tradujo, a su vez y casi correlativamente, en una caída del volumen de capital ampliado cercana al 10%. Esto es, 1.627 millones de euros menos de inversión.

Además, según se extrae del Radar de Ampliaciones de Capital elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor an Experian company, aunque en términos de reducción de capital la desinversión fue un 74,5% inferior a la del mismo mes de 2020, el número de operaciones se incrementó más de un 30%, lo que significa la friolera de 1.325 más.

Las empresas amplían capital bien para acometer nuevas inversiones, bien para amortizar o reestructurar deuda -lo que implica un elevado grado de confianza en que dicha deuda va a ser cubierta en el corto o medio plazo-, o bien para abonar dividendos mediante acciones. En cuanto a las reducciones de capital, las sociedades mercantiles recurren a ellas cuando el capital social excede de las necesidades propias de las mismas, o bien cuando atraviesan por una situación financiera compleja que requiere un ajuste de fondos propios y de ratios financieros.