La industria fue clave para la recuperación económica de España. Tras un violento ajuste que comenzó en 2008, el año de inicio de la gran crisis, emprendió su mejoría en 2012 y actuó como fuerza tractora del crecimiento.

Desde entonces ha sido un sector fundamental para las exportaciones españolas (la mayor apertura al exterior ha sido una constante) y ha servido de herramienta para la diversificación de una economía basada en los servicios.

Su desempeño, no obstante, está lejos de ser perfecto. No ha llegado a recuperar los niveles de producción previos a la crisis y, según la Encuesta de Población Activa (EPA), fue el único sector que en 2018 destruyó puestos de trabajo. El año pasado encadenó además dos trimestres en negativo, una entrada técnica en recesión que, sin embargo, se rompió en los primeros tres meses de 2019. A ello se suma que en 2018 redujo en tres décimas su peso en el PIB, hasta el 16%, según muestran los datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, la economía española no solo se alejó de la media europea, sino también del objetivo del 20% del PIB fijado para la industria en el horizonte de 2020.

Los impagos son uno de los problemas que más preocupa a las empresas, especialmente desde la crisis económica que arrancó en 2008. Si su empresa no los ha sufrido, quizá sí que conozca a alguna compañía de su mismo sector que se ha visto perjudicada. En muchos casos, incluso, seguramente no haya habido otra opción que el cierre del negocio.

En el año 2013 hubo mínimos de este tipo de morosidad en España, pero desde entonces ha ido subiendo, especialmente el año pasado, a pesar de la recuperación económica. Son datos preocupantes teniendo en cuenta que está vigente la Ley de Morosidad, que establece que los pagos deben hacerse en los 60 días posteriores a recibir el producto, mercancía o a la prestación del servicio. La Ley también marca un periodo de 30 días en lo que se refiere a la administración pública.

En el año 2017 tuvo lugar la última gran reestructuración del sector bancario español, uno de los tres protagonistas -junto a la construcción y las actividades inmobiliarias- de la última crisis de la economía española. Esa reestructuración impulsó las ampliaciones de capital en el sector financiero y permitió poner fin a la serie de caídas ininterrumpidas que se había registrado a lo largo de los tres años anteriores. 2017 fue el año en el que, por ejemplo, el Banco Santander amplió capital para asimilar la compra del Banco Popular, una absorción que quedó completada en 2018 y que, a día de hoy, sigue coleando. Ahí están el cierre de sucursales y el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acaparan atención mediática en las últimas semanas.

Desde 2017, cuando el volumen total destinado a ampliaciones de capital en el sector financiero y de seguros ascendió a 15.716 millones de euros, asistimos a una disminución del flujo destinado a esta forma de financiación que apela a accionistas e inversores y que en última instancia supone una muestra de confianza en el futuro de las entidades.

¿Recuerda usted qué hizo el 9 de junio de 2012? Le damos una pista: era sábado. ¿Aún así no se acuerda? Creemos que a mucha gente le pasaría lo mismo que a usted si se lo preguntáramos. Pero hay alguien que, a buen seguro, tiene en la memoria todos los detalles de esa jornada: se trata de Luis de Guindos, entonces ministro de Economía. Aquel 9 de junio fue quien, en nombre de España, pidió a la Unión Europea (UE) hasta 100.000 millones de euros para el rescate bancario.

La crisis económica mundial que había irrumpido en 2008 con la caída de Lehman Brothers tuvo características especiales en España: estalló la burbuja inmobiliaria que se había ido hinchando durante décadas; la banca se sumió en una crisis debido a los agujeros que dejó en sus cuentas aquel estallido, ésta tuvo que ser rescatada y el desempleo se desbocó, generando además una alarma social sin precedentes a la vez que el ciudadano de a pie se familiarizaba con el término prima de riesgo mientras esta trepaba y acaparaba portadas.

Si usted tiene la suerte o la desgracia -hay gustos para todos- de vivir en el centro de alguna de las grandes ciudades españolas, seguramente se haya dado cuenta del fenómeno. En escaparates de locales antes vacíos o de otros en los que algún negocio de barrio cerró sus puertas, desde tiempo se exhiben carteles con la frase de “Se alquila” o con la de “Se vende” sobre fotografías a color y planos de viviendas. Las inmobiliarias, que crecieron como setas al calor de la burbuja y menguaron aceleradamente cuando la crisis recorrió España, han vuelto a instalarse en las calles que recorremos con frecuencia. Si usted, por el contrario, vive en el extrarradio de una gran ciudad o en algún barrio junto a lo que antaño era el límite con el campo, habrá visto por su parte crecer allí promociones inmobiliarias de esas que anuncian a bombo y platillo modernas viviendas en comunidades con garaje, piscina y hasta gimnasio. Son solo dos ejemplos del día a día, pero la multiplicación de inmobiliarias y el regreso de las grúas dan una idea de la fortaleza que han recobrado los sectores vinculados al ladrillo.