El Gobierno ha extendido las medidas de ámbito mercantil y concursal que pretenden evitar que miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) y de autónomos entren en liquidación automática como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Así, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, publicado en el BOE el 18 de noviembre, extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.

También se amplía el plazo para la inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio y las de incumplimiento del acuerdo de refinanciación. Con ello, se busca evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, otorgándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores.

Octubre ha sido el mes en el que los concursos de acreedores han cruzado la barrera hasta el rojo. La recuperación total de la actividad en los Registros Mercantiles, la finalización de las medidas aprobadas por el Gobierno en los meses más duros de la pandemia para evitar los cierres masivos de empresas, las limitaciones provocadas por la segunda ola y el fin del periodo de carencia en los préstamos ICO han llevado a muchas empresas a echar el cierre de forma definitiva.

Los datos así lo demuestran. Los concursos de acreedores se incrementaron por primera vez en octubre tras siete meses de caídas continuadas. Se declararon un total de 504 procedimientos, lo que significa un 10,5% más que en el mismo mes del año 2019, según el último Radar de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas de axesor. Lo ocurrido ya se venía sospechando a tenor de la evolución de las cifras desde que se levantó el confinamiento y, empresas y ciudadanos, volvimos a esta normalidad distinta. Si bien, en abril y mayo, las insolvencias se contraían a un ritmo interanual del -87% y -63% respectivamente, en junio los cierres casi masivos de negocios -especialmente de aquellos más sensibles como los relacionados con el turismo, el comercio y la hostelería- empezaron a comerse a mordiscos los citados porcentajes. Así, empleando el símil del famoso submarino del film protagonizado por el recientemente desaparecido Sean Connery, un gran número de empresas se sumergen en las aguas de la insolvencia en su particular ‘octubre rojo’.

La segunda ola del Covid 19 se extiende con intensidad en todo el continente y con mucha fuerza en España, provocando nuevas restricciones en pequeñas y medianas empresas. En este contexto, con unos ingresos y facturación que siguen sin recuperarse, aquellos que recibieron un ICO con seis meses de carencia tienen que hacer frente al primero de los pagos del préstamo, algo que está provocando mucha preocupación entre pymes y autónomos. Lo cierto es que la mayor parte de las operaciones se han contratado con 12 meses de carencia, es decir, el primer cumplimiento llegaría en abril, pero el panorama para entonces tampoco es nada halagüeño.

Recordemos que durante la carencia se pagan cuotas solo de intereses, y cuando se acaba este periodo se tiene que empezar a devolver el capital prestado (cuotas mixtas de capital e intereses). “La obligación del prestatario es pagar la cuota, y la entidad financiera puede reclamar el pago, aunque de entrada entendemos que será por la vía amistosa”, explica Luis Fernando Conde, Asociado y Responsable de Financiación del área de Gestión de Crisis AGM Abogados.

Uno de los mensajes más repetidos en las redes sociales dese hace unas semanas es “¡Madrid, resiste!”. Esta comunidad es, sin duda, la que más está sufriendo los azotes del COVID. En primer lugar, por ser la capital de España, lo que la convierte en la ciudad más poblada, y centro de llegada de la mayor parte de turistas internacionales e inversión extranjera. En segundo lugar, porque, pese al repunte del consumo en el último trimestre, las restricciones y limitaciones a las que han obligado la pandemia han tocado de lleno a los bolsillos. Y eso se nota.

El cóctel molotov que ha supuesto la caída de la demanda interna y externa desde que la irrupción del COVID diese la puntilla a una economía, la española, que ya venía mostrando signos evidentes de agotamiento el pasado 2019, se ha trasladado ya a las operaciones empresariales. Según el último Radar Empresarial de Ampliaciones de Capital elaborado por axesor, en lo que va de año, las compañías y negocios madrileños han reducido capital por importe de casi 5.400 millones de euros y, aunque si bien es cierto que la cifra es un 49% menor que la del mismo periodo del año pasado (10.392 millones de euros), lo relevante es que las ampliaciones de capital apenas alcanzaron los 5.045 millones de euros, un 35% menos que entre enero y septiembre de 2019, cuando el volumen de las inversiones fue de más de 7.805 millones de euros.

Ante la prolongación de la crisis económica y los continuos rebrotes, pymes y autónomos, es decir, el grueso del tejido productivo español, incrementan su pesimismo sobre la situación. Más del 50% de las pymes cree que la supervivencia de su empresa está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo, según el último barómetro sobre la situación de la pyme elaborado por CEPYME. Más del 90% de ellas han reducido sus ingresos debido al COVID-19, y para el 40% han disminuido más de la mitad.

Dentro de las ramas de actividad, los datos del mes de septiembre confirman que el sector de la hostelería es el más dañado por esta crisis. El número de concursos de acreedores se disparó más de un 78% y acumula 254 procedimientos en lo que va de año. Además, el emprendimiento en las actividades hosteleras ha caído un 28,17%, tal y como se desprende del Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas del mes de septiembre elaborado por axesor.

En medio de este panorama incierto que viven pymes y autónomos, los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia inscritos al RETA, así como las empresas pequeñas y medianas tienen que hacer frente a un otoño cargado de obligaciones fiscales.