¿Recuerda usted cuando en este país se pedía una hipoteca al banco y, además de pagar con ese dinero la casa de nuestros sueños -en muchos casos, también de futuras pesadillas-, uno amueblaba el lugar y hasta se marchaba de vacaciones al Caribe? Había incluso quien aprovechaba también para comprar un coche nuevo.

Las cosas han cambiado mucho desde aquellos años en los que se fue cociendo a fuego lento uno de los detonantes de la crisis económica española. Los bancos han endurecido las condiciones para la concesión de hipotecas y ahora financian como mucho el 80% del valor más bajo entre el precio de compraventa y la tasación de la vivienda. Las compañías tasadoras, por su parte, se ajustan bastante al valor de la operación y si no lo hacen, es por lo general porque tasan por debajo y no por encima del precio de compraventa. Es decir, lo de amueblar la casa y marcharse de crucero o a un resort todo incluido con el dinero que “sobra” del préstamo hipotecario ha pasado a mejor vida.

La fotografía del emprendimiento en junio en España es la de una caída interanual generalizada. De los 20 sectores en los que axesor divide la actividad económica del país, todos, excepto uno, retroceden en número de empresas creadas en comparación con el mismo mes de 2018. El total de nuevas sociedades mercantiles ascendió en ese mes a 359, un 11,79% menos que un año atrás. El sector que protagonizó la excepción en el páramo emprendedor español en el que se erigió junio fue el del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Y el crecimiento es, además, importante: un 54,26% más que el año pasado, con 199 sociedades mercantiles nuevas registradas, a cuya creación se destinaron 2.845,5 millones de euros. Esa cifra supone un incremento interanual del 119,32% en el capital suscrito, según revela el Gabinete de Estudios Económicos de axesor en el radar empresarial correspondiente al primer semestre del año.

¿Sabe usted qué es una ampliación de capital y para qué sirve? Si no lo sabe, vamos a contárselo ahora. En caso de que tenga conocimiento del tema, no deje por ello de leer este post, porque además de refrescarle la memoria, le vamos a contar que el volumen de las ampliaciones de capital cayó en España casi un 47% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado.

Una ampliación de capital es “un acuerdo societario consistente en el incremento de la cifra de capital social que figura en los estatutos. Requiere el acuerdo de la junta general de accionistas y una modificación de los estatutos. El contravalor del aumento puede consistir en aportaciones dinerarias o no dinerarias, incluida la compensación de créditos contra la sociedad. Se puede ejecutar creando nuevas acciones o participaciones, o mediante la elevación del valor nominal de las preexistentes”.

La industria fue clave para la recuperación económica de España. Tras un violento ajuste que comenzó en 2008, el año de inicio de la gran crisis, emprendió su mejoría en 2012 y actuó como fuerza tractora del crecimiento.

Desde entonces ha sido un sector fundamental para las exportaciones españolas (la mayor apertura al exterior ha sido una constante) y ha servido de herramienta para la diversificación de una economía basada en los servicios.

Su desempeño, no obstante, está lejos de ser perfecto. No ha llegado a recuperar los niveles de producción previos a la crisis y, según la Encuesta de Población Activa (EPA), fue el único sector que en 2018 destruyó puestos de trabajo. El año pasado encadenó además dos trimestres en negativo, una entrada técnica en recesión que, sin embargo, se rompió en los primeros tres meses de 2019. A ello se suma que en 2018 redujo en tres décimas su peso en el PIB, hasta el 16%, según muestran los datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, la economía española no solo se alejó de la media europea, sino también del objetivo del 20% del PIB fijado para la industria en el horizonte de 2020.

Los impagos son uno de los problemas que más preocupa a las empresas, especialmente desde la crisis económica que arrancó en 2008. Si su empresa no los ha sufrido, quizá sí que conozca a alguna compañía de su mismo sector que se ha visto perjudicada. En muchos casos, incluso, seguramente no haya habido otra opción que el cierre del negocio.

En el año 2013 hubo mínimos de este tipo de morosidad en España, pero desde entonces ha ido subiendo, especialmente el año pasado, a pesar de la recuperación económica. Son datos preocupantes teniendo en cuenta que está vigente la Ley de Morosidad, que establece que los pagos deben hacerse en los 60 días posteriores a recibir el producto, mercancía o a la prestación del servicio. La Ley también marca un periodo de 30 días en lo que se refiere a la administración pública.