Nadie creía que en pleno siglo XXI y sin haber superado del todo el impacto de una pandemia que hizo temblar las economías mundiales, el tema de debate dentro y fuera de los medios de comunicación sería el estallido de un conflicto internacional.

Las consecuencias económicas derivadas del mismo no han tardado en hacerse notar y los precios de la energía y de las materias primas han incrementado sobremanera la espiral de presión inflacionista que se inició el pasado verano. En concreto, el precio del barril de Brent ha superado los 129 dólares (más de 117 euros), es decir, se ha casi duplicado con respecto a otoño. El del gas natural se ha disparado un 800%. Y el megavatio/hora ha rebasado la barrera de los 400 euros.

Los trabajadores por cuenta propia en España, más de 3,3 millones al finalizar 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentran en un periodo decisivo. El Gobierno tiene intención de modificar por completo su sistema de cotización a la Seguridad Social y las negociaciones con sus organizaciones representativas tienen lugar desde hace semanas. Unos, están a favor, y otros, menos. Lógico, si se tiene en cuenta que la transformación es radical.

Los trabajadores autónomos cotizan a la Seguridad Social a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que se creó en 1970. En sus más de cinco décadas de existencia este régimen ha experimentado, como no podía ser de otra manera, numerosas modificaciones.

Pese al alza inflacionista y a las incertidumbres que sobrevuelan las economías europeas, si atendemos a tantos titulares de prensa y al discurso del Gobierno, se puede pensar que España avanza a buen paso por la línea ascendente de la recuperación.

Es cierto que los datos, en principio, respaldan esta tesis. Por ejemplo, los resultados de la contabilidad nacional elaborada por INE (Instituto Nacional de Estadística), con un ritmo de crecimiento del 5%, mejoraba la previsión de la mayoría de las casas de análisis y organismos internacionales como el FMI o la propia Comisión Europea. Y en el caso del mercado laboral, el crecimiento continuado de la afiliación, la contratación indefinida y, en términos de paro, con “el mejor enero desde 1.998”.

El año 2022 ha comenzado de forma convulsa. La lluvia fina de la incertidumbre continuará calando en la economía en forma de inflación y dejará húmedo el pavimento por el que ha de transitar la recuperación del tejido empresarial, que corre el riesgo de patinar. Aunque el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su Contabilidad Nacional nos dio una alegría a principios de este mes de febrero al cifrar el crecimiento de España en 2021 en el 5% (una décima por encima del consenso, pero también un punto y medio por debajo de lo esperado por el Gobierno en su ‘cuadro macro’), las últimas previsiones para este ejercicio son medio punto más pesimistas que hace seis meses y eso sin conocerse aún los primeros datos del año a pie de calle.

La borrasca que atraviesa la economía ha enfriado al tejido empresarial que arrancó el año con incrementos de más del 11% en el número de concursos de acreedores y del 18% en las disoluciones o extinciones de empresas, tal y como recoge el Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas del mes de enero elaborado por axesor an Experian company. Hecho que se acompaña de una importante ralentización en el ritmo de creación de empresas. ¿Se emprendió más que en enero de 2021? Sí, pero el incremento fue de menos de un 5%. En “números redondos”, los porcentajes se traducen en que se crearon 344 empresas más, mientras que se disolvieron 1.378 más y otras 39 se declararon en concurso de acreedores.

Que las cosas parecen ir a mejor y se atisban los primeros síntomas de la recuperación es un hecho, pero también lo es que no es oro lo que reluce y que la coyuntura económica suscita más de una duda sobre el devenir de este ejercicio de 2022. De no ser esto cierto, no se habrían extendido -en principio hasta mediados de año-, algunas de las medidas aprobadas durante los meses más duros de la pandemia, para sostener un tejido empresarial herido de gravedad por la hibernación de la actividad económica. Entre ellas las relativas al inicio de las amortizaciones de los préstamos ICO.

Una vez finalicen los periodos de carencia a los que se han acogido los beneficiarios habrá que ver cómo, cuándo y si se empiezan a abonar las cuotas completas. La inflación y los costes energéticos ya se dejan notar en los bolsillos de unos consumidores que, tras haber agotado casi la totalidad del ahorro acumulado durante los meses de confinamiento y limitaciones por la pandemia, empiezan a guardar -a la fuerza- sus ganas de gastar en todo aquello que no sea estrictamente imprescindible. Una contención que se nota en las ventas y, por ende, en los balances de los negocios y que, a su vez, impacta en el tercer eslabón de la cadena: los bancos, que dejan de cobrar el dinero prestado.