El año 2022 ha comenzado de forma convulsa. La lluvia fina de la incertidumbre continuará calando en la economía en forma de inflación y dejará húmedo el pavimento por el que ha de transitar la recuperación del tejido empresarial, que corre el riesgo de patinar. Aunque el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su Contabilidad Nacional nos dio una alegría a principios de este mes de febrero al cifrar el crecimiento de España en 2021 en el 5% (una décima por encima del consenso, pero también un punto y medio por debajo de lo esperado por el Gobierno en su ‘cuadro macro’), las últimas previsiones para este ejercicio son medio punto más pesimistas que hace seis meses y eso sin conocerse aún los primeros datos del año a pie de calle.
La borrasca que atraviesa la economía ha enfriado al tejido empresarial que arrancó el año con incrementos de más del 11% en el número de concursos de acreedores y del 18% en las disoluciones o extinciones de empresas, tal y como recoge el Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas del mes de enero elaborado por axesor an Experian company. Hecho que se acompaña de una importante ralentización en el ritmo de creación de empresas. ¿Se emprendió más que en enero de 2021? Sí, pero el incremento fue de menos de un 5%. En “números redondos”, los porcentajes se traducen en que se crearon 344 empresas más, mientras que se disolvieron 1.378 más y otras 39 se declararon en concurso de acreedores.
Bajo este escenario, las empresas españolas se encuentran con el desafío de adaptar los contratos de sus trabajadores a los retoques de la Reforma Laboral (RL) aprobada, por la mínima, en el Congreso y que tiene como objetivo acabar con la excesiva temporalidad del mercado de trabajo que, dicho sea de paso, afecta a una cuarta parte de los asalariados. A modo de breve análisis, nos detendremos en tres puntos que, desde el Gabinete de Estudios Económicos de axesor an Experian company, consideramos importantes para las empresas que están cuestionándose su supervivencia o para aquellas que quieran iniciar su andadura.
El primero de ellos es la sustitución del contrato de obra y servicio por la modalidad de fijo discontinuo. Este cambio puede acabar siendo un acicate para la contratación, incluso para aquellas empresas que, por la propia estacionalidad de su sector, no pueden mantener a un trabajador en plantilla durante los doce meses del año. La razón es que este nuevo modelo de contrato reduce los costes de despido para las empresas, que no tendrán que abonar la indemnización de 12 días de salario vinculada a resolución de los contratos temporales. Por su parte, el trabajador acumulará antigüedad sumando los periodos que trabajen en la empresa, lo que les beneficia de cara a un posible despido.
Por otra parte, la prevalencia del convenio sectorial sólo se aplicará en materia salarial siempre y cuando éste se haya firmado con anterioridad al de la empresa y reservando la potestad de esta última de plantear cambios (jornada, salarios, vacaciones…) al comité. Aquí es importante tener en cuenta que, por norma general, los salarios abonados por la gran mayoría de las empresas mejoran los mínimos establecidos por el propio sector. Esto hace que el efecto se limite a actividades que llevan en el punto de mira desde hace años. Más concretamente, a las empresas multiservicios, cuyos empleados verán como sus nóminas mejoran sensiblemente a partir del mes de marzo.
Mención especial merece la introducción del contrato indefinido adscrito a obra, que afectará directamente a las empresas de la construcción que, al igual que el comercio, es el sector que peores cifras presenta tanto en insolvencias como en disoluciones, aunque cabe también señalar que es uno de los que más ha tirado del emprendimiento, con 1.066 de nuevas empresas, cifra un 17,5% superior a la de enero de 2021, según el Radar Empresarial de axesor an Experian company. Esta nueva modalidad consiste, ni más ni menos, en que una vez que finalice el proyecto para el que ha sido contratado el trabajador, la constructora, promotora o agencia inmobiliaria deberá ofrecerle otro trabajo o una alternativa de formación para acceder a otro empleo. Si esto no fuera posible, se le indemnizará con 27 días por año trabajado. En definitiva, una evolución del contrato por obra y servicio con el que se mejora la indemnización.
Dicho lo anterior y al margen de una reforma que finalmente se ha quedado en lo que podríamos definir como “el necesario restyling instado por Bruselas”, debemos tener en cuenta que, por una parte, estamos en un país con más de 400.000 autónomos empleadores y con 1,1 millones de micropymes (88% del total). Y, por otra, vivimos en un país donde la economía sumergida supone más de 17% del PIB. Es decir, el fraude impide recaudar a las arcas cada año de unos 205 millones de a costa de trabadores que desarrollan su actividad o parte de ella bajo cuerda. He aquí, probablemente y junto a los elevados costes laborales, una de las raíces de la baja productividad en España -con 14 trimestres consecutivos de caída según Eurostat-. Cuestiones que no se abordan en la Reforma Laboral de 2022.