Que las cosas parecen ir a mejor y se atisban los primeros síntomas de la recuperación es un hecho, pero también lo es que no es oro lo que reluce y que la coyuntura económica suscita más de una duda sobre el devenir de este ejercicio de 2022. De no ser esto cierto, no se habrían extendido -en principio hasta mediados de año-, algunas de las medidas aprobadas durante los meses más duros de la pandemia, para sostener un tejido empresarial herido de gravedad por la hibernación de la actividad económica. Entre ellas las relativas al inicio de las amortizaciones de los préstamos ICO.
Una vez finalicen los periodos de carencia a los que se han acogido los beneficiarios habrá que ver cómo, cuándo y si se empiezan a abonar las cuotas completas. La inflación y los costes energéticos ya se dejan notar en los bolsillos de unos consumidores que, tras haber agotado casi la totalidad del ahorro acumulado durante los meses de confinamiento y limitaciones por la pandemia, empiezan a guardar -a la fuerza- sus ganas de gastar en todo aquello que no sea estrictamente imprescindible. Una contención que se nota en las ventas y, por ende, en los balances de los negocios y que, a su vez, impacta en el tercer eslabón de la cadena: los bancos, que dejan de cobrar el dinero prestado.
Ya hay señales de ello. Tal y como se advierte en el PULSE, Boletín Trimestral de Morosidad elaborado por axesor an Experian company, los créditos en situación de vigilancia especial han aumentado un 23% interanual, hasta superar los 150.000 millones de euros. Además, cuatro de cada diez de los autónomos y empresas que solicitaron un ICO han reestructurado su deuda. Es más, el Banco de España ha reconocido que existe una morosidad latente de 10.000 millones de euros. Sin entrar en catastrofismos, las cosas no pintan bien para la banca, que ya va entonando el réquiem por el fin de una morosidad bancaria en mínimos de poco más del 4%.
En consecuencia, de confirmarse el cambio de tendencia de la curva, empezaremos a ver cómo el sector bancario en España incrementa sus provisiones o amplía capital, pero para eso quedan previsiblemente unos meses. Mientras tanto, vale la pena centrar la atención en la crisis de solvencia que podría acabar con la vida de decenas de miles de empresas. O lo que es peor, dejarlas vagando entre los zombis de un escenario similar a The Walking Dead con la diferencia de que lo que ocurre en España no es ficción. De hecho, en PULSE también se advierte de que la incertidumbre que ha generado la aparición de la variante Ómicron, los precios en máximos (con una inflación del 6% a finales de enero), los carburantes y la energía por las nubes y lo que pueda ocurrir con la crisis entre Rusia y Ucrania -principales productores de gas y - podría ser letal para un importante número de nuestros negocios, muchos de ellos recién salidos de la UCI.
A lo anterior, se añade el polvo que hay que barrer de puertas para dentro de casa. Los efectos de la Reforma Laboral en la contratación -ya hay quien advierte de que frenará la contratación- y la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) para 2022 hasta los 1.000 euros mensuales, podrían convertirse en una puntilla para la morosidad bancaria. Pensemos que, en el caso del salario mínimo, el coste adicional no sólo se limita a los 35 euros de salario, sino que las cotizaciones por trabajador también aumentan. Además, se ejerce una presión indirecta sobre los salarios superiores.
Por si esto fuera poco, la subida de impuestos está a la vuelta de la esquina y amenaza con afectar, aún más, tanto a los bolsillos de los consumidores como a las cuentas de las empresas. Y éstas, siendo lo propio en situaciones en las que la liquidez empieza a escasear y obliga a “elegir entre padres o tíos”, antes de dejar de cumplir con sus obligaciones tributarias y de cotización o no pagar sus facturas a proveedores, prefieren que el banco añada su nombre a ‘la lista roja’.
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