En marzo de 2020, pocos días después de confirmarse que la pandemia era un hecho en España y de declararse un Estado de Alarma que nos confinó en nuestros hogares durante 99 días, el Gobierno tomaba una serie de medidas de urgencia que tenían como objetivo prioritario evitar un descalabro económico mayor del que finalmente ha ocurrido. Entre ellas se encontraba la conocida moratoria de la Ley concursal que, grosso modo, suspendía la obligación de presentar concurso de acreedores y paralizaba la tramitación de las peticiones de los acreedores. Funcionó. Cientos de empresas solventes se salvaron de la quiebra.
Ahora que nos enfrentamos a lo que podría ser una nueva tormenta en la que se unen la escasez de suministros, el encarecimiento de las materias primas, un desmesurado aumento del precio de la energía, una inflación disparada y el surgimiento de una sexta ola provocada por las variantes Delta y Omicron, el Gobierno ha aprobado una nueva prórroga que extenderá la citada moratoria hasta junio de 2022. Ampliación que tiene las miras puestas en que el tejido empresarial de España pueda capear el temporal de incertidumbres y se consolide así la recuperación.
Tan esperada como necesaria, la decisión se ha tomado en un momento en el que, según los datos del Radar Eempresarial de Cconcursos de Acreedores y Ccreación de Eempresas a cierre del mes de noviembre elaborado por aAxesor an Experian company, los concursos de acreedores aumentaron por segundo mes consecutivo. Si en octubre el incremento fue del 13% interanual, durante el undécimo mes del año el avance fue del 15,6%. Así, el acumulado en lo que va de 2021 alcanzaba los 5.161 procedimientos, cifra un 38% por encima de la que se registró que entre enero y noviembre de 2020.
Lo cierto es que, a falta de conocer los resultados a cierre del año, de no haberse aprobado la citada moratoria podríamos estar encontrarnos ante un mal ejercicio para el tejido empresarial de España, con cientos de pequeñas y medianas empresas solventes y con posibilidad de crecer al borde de la quiebra o en quiebra técnica.
Dicho esto, tampoco debemos lanzar las campanas al vuelo, la cautela manda. Es más que previsible que las cifras vuelvan al negro y se frene la sangría de insolvencias, pero, de no establecer un sistema de supervisión o cierto control, la situación de muchos negocios podría cronificarse hasta el punto de no poder remontar el vuelo. Es decir, nos encontraríamos con una importante bolsa de empresas zombi que, además, se concentrarían en sectores sensibles como la hostelería, el comercio y la construcción. Por tanto, si bien la moratoria es necesaria, igualmente creemos que debería aplicarse a aquellas mercantiles que aporten las debidas y suficientes garantías que demuestren que son viables en el medio y largo plazo.
Como venimos defendiendo desde aAxesor an Experian company se necesitan medidas que, desde la valentía, refuercen la competitividad del tejido empresarial de España. Actuaciones orientadas a que nuestras empresas sean cada vez más digitales, exporten más y, como consecuencia, estén más internacionalizadas. Sólo así contribuiremos a salvar a gran parte de nuestros negocios, a generar empleo de calidad y a retener el potencial y el talento de este país de piel de toro.
Talento que se refleja en el espíritu emprendedor de una España que ni se rinde ni baja los brazos frente a la adversidad. Todo apunta a que 2021 cerrará con más de 100.000 nuevas empresas en España. El citado Radar recoge que, hasta el mes de noviembre, se constituyeron un total de 93.242 mercantiles, un 347% más que en el mismo periodo del año pasado.
En esta línea, esperamos que, como ya ocurrió en la anterior crisis, el emprendimiento no ejerza sólo de refugio y las nuevas empresas se consoliden en el tiempo. Para ello se necesitan incentivos y medidas de apoyo, como las que se recogen en la recientemente aprobada Ley Crea y Crece, que consideramos es un primer e importante paso en una carrera de fondo que tiene como principales obstáculos los elevados costes laborales, una presión fiscal de las más altas de la Unión Europea y el exceso de burocracia y trabas administrativas.