A los malos datos de concursos de acreedores, creación de empresas e inversión inicial, se añaden ahora los relativos a las ampliaciones de capital. Octubre cerró con una contracción del 9% interanual en el número de operaciones de ampliación de capital, lo que se tradujo, a su vez y casi correlativamente, en una caída del volumen de capital ampliado cercana al 10%. Esto es, 1.627 millones de euros menos de inversión.
Además, según se extrae del Radar de Ampliaciones de Capital elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor an Experian company, aunque en términos de reducción de capital la desinversión fue un 74,5% inferior a la del mismo mes de 2020, el número de operaciones se incrementó más de un 30%, lo que significa la friolera de 1.325 más.
Las empresas amplían capital bien para acometer nuevas inversiones, bien para amortizar o reestructurar deuda -lo que implica un elevado grado de confianza en que dicha deuda va a ser cubierta en el corto o medio plazo-, o bien para abonar dividendos mediante acciones. En cuanto a las reducciones de capital, las sociedades mercantiles recurren a ellas cuando el capital social excede de las necesidades propias de las mismas, o bien cuando atraviesan por una situación financiera compleja que requiere un ajuste de fondos propios y de ratios financieros.
Tanto en el primero como en el segundo caso, las cifras auguran un invierno frío para un tejido empresarial que vuelve a retraerse ante el avance de la sexta ola del coronavirus, que, bajo la amenaza de nuevas restricciones en sectores clave como el turismo y la hostelería, supone la puntilla a la borrasca económica que nos acompaña desde principios de otoño. Una tormenta perfecta alimentada por la crisis de suministros, la subida desmesurada del precio de la electricidad y los combustibles que han llevado a la inflación a niveles récord del 5,5% -lo que no se producía desde la última década del siglo pasado- y una deuda pública que supera el 122%, algo sobre lo que Bruselas ya ha advertido. Y no en vano, España ya no es el país de la Unión Europea que más crecerá. Bruselas recortaba en 1,6 puntos la previsión de crecimiento hasta el 4,6% para este año a principios de este mes, aguando el optimismo del Gobierno, que se ha mantenido firme en el 6,5%.
Diferencial que se mantiene también en 2022, año para el que la Comisión calcula que el país crecerá a un ritmo del 5,5% frente al 7% estimado por el Ejecutivo y que justifica en unos Presupuestos Generales que elevan los ingresos tributarios hasta los 232.352 millones de euros y el gasto hasta los 458.970 millones de euros, incluyendo los 27.633 millones de euros de Fondos Europeos.
Precisamente, en el reparto eficiente y ágil del dinero procedente de Europa radica gran parte de la recuperación y la vuelta al dinamismo económico. Según los datos del Banco de España, sólo hemos empleado un 21% de los 27.000 millones de euros presupuestados para este año, es decir, unos 5.700 millones de euros. Parece, por tanto, que al igual que el viento y la lluvia, las inyecciones económicas no terminan de llegar a quienes son los artífices de la creación de empleo y la inversión: las empresas, y dentro de ellas, especialmente las pequeñas y medianas, que representan un 98% del tejido empresarial. Pymes innovadoras, digitales, tecnológicas, sostenibles y con vocación de internacionalizarse, que se ven ahogadas ante la falta de liquidez y recelan de un sistema que se pierde en una maraña de burocracia y papeleo. Negocios con alto potencial que han de recurrir a fondos de capital privado para sostenerse y crecer que, a fin de cuentas, es lo que toda empresa busca cuando nace.
En aras de compensar la mayor dilación en el reparto de los Fondos Europeos, el Ejecutivo ha prorrogado, por tercera vez y hasta junio de 2022, la moratoria concursal y exime (mediante el cómputo de provisiones extraordinarias) de la disolución a aquellas empresas que en su cuenta de resultados de 2021 presenten un nivel de fondos propios inferiores a la mitad de su capital social, lo que aplazaría hasta el próximo ejercicio posibles operaciones de ampliación o reducción de capital. Además, el Código de Buenas Prácticas que aprobará el Gobierno en los próximos días incluye una nueva extensión de las prórrogas y quitas en los préstamos con aval ICO.
En cualquiera de los casos, se ha reaccionado a tiempo, nada más percibirse los primeros síntomas. Así, desde axesor an Experian company esperamos que, tal y como ocurrió en meses anteriores, las citadas medidas supongan un freno a los malos datos de octubre y se conviertan en un nuevo refugio para el tejido empresarial hasta que escampe el temporal y las aguas vuelvan a su cauce.