La elevada burocracia a la hora de montar una empresa siempre ha sido una asignatura pendiente de la economía española que ha provocado dificultades a la hora de emprender un negocio y una merma de la competitividad. Para intentar mejorar esta situación, a finales de julio el Gobierno dio luz verde al anteproyecto de una de las leyes que están llamadas a ser decisivas durante los próximos años para el tejido productivo español. Se trata del anteproyecto de ley de Creación y Crecimiento empresarial que permitirá poner en marcha sociedades con apenas un euro, favorecer su crecimiento y establecer medidas de lucha contra la morosidad. También pretende limitar las subvenciones a las sociedades que paguen en plazo.
El objetivo es hacer que todo el proceso de creación de una empresa sea más sencillo. De hecho, contempla ampliar las actividades para las que no es necesario obtener una licencia, y promueve la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos, lo que contribuirá a profundizar en la digitalización de la actividad empresarial. El proyecto llegará previsiblemente al Congreso de los Diputados a finales de este año y estará en marcha en 2022.
Sociedades desde 1 euro
La medida estrella del proyecto es la reducción del capital social para crear una empresa con el fin de que ese capital inicial no sea un obstáculo y siempre con medidas para garantizar los derechos de los acreedores. Hasta ahora, era requisito indispensable contar con al menos 3.000 euros para constituir una sociedad limitada. De aprobarse definitivamente esta ley, a partir de 2022 eso será pasado y esa exigencia quedará reducida al mínimo testimonial de un euro. Además, la ley permitirá que el proceso pueda solventarse telemáticamente en apenas 10 días. La idea del ejecutivo pasa por reforzar los mecanismos para la creación ágil, lo que afecta a los trámites con la Seguridad Social, Hacienda o de registro y los que se llevan a cabo a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). De este modo, se podrán crear sociedades de responsabilidad limitada (SL) reduciendo los plazos, con el objetivo de que se puedan hacer de forma totalmente digital, para lo cual se traspondrá una directiva europea de derecho de sociedades.
Por otro lado, una de las trabas más habituales que se encuentran los empresarios son las diferencias legislativas entre comunidades autónomas. Por ello, se pretende mejorar la regulación y la ley de garantía de la unidad de mercado. También tienen previsto agilizar los mecanismos de cooperación entre administraciones para que todos los procesos sean menos tediosos.
Se prevé aumentar además la transparencia en los pagos y fijar un sistema de infracciones y sanciones o un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
Con esta ley, junto a la de 'startups' y la concursal que ultima el ministerio de Justicia para las próximas semanas, el Gobierno pretende aunar todas las medidas necesarias para favorecer el emprendimiento en medio de la recuperación tras la pandemia. El ejecutivo prevé así ir acabando con las dificultades que tienen que hacer frente las compañías españolas y que les dificultan ganar tamaño, salir al exterior o restructurar su deuda para que situaciones como las que hemos atravesado con la pandemia no supongan su cierre definitivo.
Morosidad, el punto clave
Los impagos lastran el crecimiento de una gran parte del tejido productivo español, una situación que se ha agravado con la crisis provocada por el coronavirus. Se trata de uno de los problemas que atenazan la solvencia de muchas empresas y que afecta principalmente a pymes y autónomos. Para ello, está prevista la creación de un Observatorio de Morosidad en el Consejo Estatal de la Pyme, que permitirá hacer un seguimiento de los periodos medios de pago y, gracias a esa información, elaborar códigos de buenas prácticas.
Además, dentro del proyecto de ley se promueve la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos con la finalidad de incluir la factura electrónica en los servicios subvencionados. Este extremo, además de reducir costes va a favorecer el poder contar con la información de cómo pagan las empresas algo que permitirá, según el Gobierno, ofrecer incentivos eficaces para reducir los plazos de pago, como una modificación de la ley de subvenciones que establezca que las que no cumplan no podrán acogerse a este tipo de ayudas.
Para paliar el impacto de la morosidad en las pymes existen en el mercado empresas especializadas en el riesgo de crédito, como axesor an Experian company que ayuda a conocer si una empresa es o no morosa y que a través de herramientas como monitoriza® plus permite de forma eficiente realizar una gestión integral del riesgo de crédito comercial.
Rocío Regidor. Licenciada en Periodismo y Económicas y Experta en Gestión de renta variable con derivados por el Instituto BME. Comenzó su carrera periodística en la redacción de Radio Libertad hace más de diez años. Más tarde aterrizó en Libre Mercado (Libertad Digital) elaborando todo tipo de contenido de temática económica. Actualmente es redactora de economía de los informativos de esRadio además de presentadora de los informativos regionales. Desde hace un tiempo colabora en la revista Capital Privado de elEconomista, una publicación mensual sobre venture capital, M&A y otras tendencias.