Las limitaciones a la actividad impuestas por el estallido de la segunda y tercera ola del COVID-19 se hacen más que palpables. Especialmente en aquellos sectores sensibles y dependientes de la socialización como la hostelería. La, en este caso, ‘desdicha’ no va por barrios sino por comunidades autónomas.
Enero se saldó con una caída de casi el 28% en el número de concursos de acreedores. Contracción que se debe a la extensión de las moratorias aprobadas por el Gobierno el pasado mes de noviembre con el objetivo de evitar el cierre de empresas viables y que aportan cierto colorido a la fotografía de un tejido empresarial que se tiñe de negro. Hecho, este último, que se observa al analizar los datos del Radar Empresarial de Concursos y Creación de Empresas elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor.
Las insolvencias cayeron, en términos interanuales, en todos los sectores excepto tres: educación, actividades artísticas y relacionadas con el ocio y hostelería. En este último, los procedimientos se dispararon hasta el 54,8%. En cifras absolutas, se declararon un total de 48 concursos de acreedores frente a los 31 de enero de 2019. De ellos, 17 (el 35%) se produjeron en Cataluña, 15 de los cuales se concentraron en la provincia de Barcelona. Datos un 31% y un 25% superiores a los del mismo mes del 2020 y que guardan relación con la caída del 51% de las ventas en bares y restaurantes, que denunciaba la patronal del sector.
La situación de los hosteleros catalanes contrasta con la de los que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, donde los Registros Mercantiles apenas contabilizaron siete procedimientos, un 12,5% menos interanual.
Los anteriores datos son una prueba más del impacto dañino de las medidas adoptadas para contener la propagación de la pandemia. De hecho, en el País Vasco, donde las restricciones hasta la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, tenían también mayor dureza que en otras comunidades autónomas, los concursos de acreedores en bares y restaurantes aumentaros un 500%, de uno a seis.
A la vista de este escenario, podríamos agarrarnos, al menos, a que se hubiese puesto coto a la pandemia. Sin embargo, la vía del cierre total o parcial de los bares y restaurantes no se ha mostrado tan efectiva como se quiso prever -en lo que va de año, hasta el 8 de febrero, en Cataluña se han producido 7.858 contagios, mientras que en la Comunidad de Madrid la cifra es de 5.605-. Evidencia que ha levantado ampollas entre los hosteleros y reclaman que no se cargue contra sus negocios y familias.
Pendientes de la publicación de los datos definitivos, la patronal del sector ya ha advertido de una caída del 50% de la facturación en 2020 (lo que traducido a euros supone unos 67.000 millones menos de ingresos) y del cierre de 100.000 establecimientos. Datos que se acompañan de la tragedia añadida que supone la destrucción de 1,1 millones de empleos. Y eso, sin contar los 290.000 trabajadores que continúan en situación de ERTE hasta que pase el temporal vírico o finalice la prórroga aprobada hasta el mes de mayo.
Ante esta agónica situación, la hostelería viene reclamando la aprobación de ayudas directas tanto por la vía de la liquidez como por la vía de las exenciones de cotización y fiscales, tomando como ejemplo el modelo puesto en marcha en países como Alemania, Francia, Italia o Países Bajos desde el verano. Y aunque tarde, la dicha parece ser buena. El pasado 5 de febrero, ante el evidente empeoramiento de económico a causa de las restricciones a las que obligaba la tercera ola, el Ministerio de Economía, encabezado por Nadia Calviño, anunciaba que el Gobierno trabaja en una batería de medidas que permitirá que las comunidades autónomas inyecten liquidez a sus autónomos y pymes. Es más, baraja incluso reformas legislativas que podrían traducirse en quitas a los préstamos ICO, siempre y cuando se demuestre que las empresas y negocios son viables.
Lo cierto es que, aunque las ayudas son necesarias, también hay que hacer acto de contrición y, la hostelería, como el conjunto de sectores, debe dar un paso hacia delante y reinventarse. Orientando sus estrategias de negocio hacia modelos más sostenibles, adaptados a las demandas de los consumidores -cada vez más preocupados por una alimentación sana-, y ¿por qué no? más digitalizados, aliándose de forma estratégica con el ‘delivery’.
Es más, en tiempos de pandemia, algunos -más de los que creemos- se han lanzado, con éxito, a abrir un negocio especializado en una oferta vegana o que apuestan por la cocina tradicional, elaborada con productos libres de conservantes y colorantes artificiales que les proveen productores locales y por los que el cliente está dispuesto, incluso a pagar más. Negocios que, además, han dejado atrás la cultura del pelotazo por la de la flexibilidad y la paciencia y que están sentando las bases de un sector, que, como todos, debe reforzar la apuesta por el futuro post-covid.