La fotografía del tejido empresarial español de hace tan sólo un año poco o nada tiene que ver con la imagen esteparia que vislumbramos a día de hoy. Aunque a finales de 2019 ya se percibía una cierta ralentización en una economía en la que todavía coleaban los efectos de la pasada crisis económica, nadie podía imaginar que 2020 cerraría con la mayor caída del emprendimiento y de la inversión inicial desde hace más de una década.
El último Radar de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas de axesor, que recoge los datos a cierre de 2020, constata que una de las secuelas más graves de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha sido el frenazo al espíritu emprendedor. Sólo se crearon 76.189 empresas, un 18,73% menos interanual y el menor número desde 2008. Cifra que, además, queda muy lejos de la media de los últimos 12 años, que roza las 98.900 constituciones y que se agrava con la caída de la inversión inicial acumulada. El pasado ejercicio el capital inicial destinado por los emprendedores a sus proyectos fue de 4.913 millones de euros, segundo registro más bajo desde 2008, cuando el acumulado fue de 4.732 millones de euros.
El panorama para este año 2021 no es mucho mejor, menos aún tras la irrupción de la tercera ola del COVID-19 que, pese al dispar avance de la campaña de vacunación, está elevando de nuevo el número de contagios a máximos. Un varapalo que amenaza con dar continuidad a la literal congelación de la actividad con la que el temporal Filomena ha castigado a miles de negocios y al consumo.
Así, es más que probable que a partir del próximo mes de marzo veamos cómo se revierten las contenidas cifras de insolvencias con las que cerró el pasado ejercicio. El citado Radar recoge que los concursos de acreedores experimentaron una contracción cercana al 13% interanual, hecho que tiene que ver con la extensión de las moratorias concursales aprobadas por el Gobierno a mediados de noviembre a modo de semi-rescate de las empresas “viables” afectadas por la crisis. Ahora bien, al analizar en detalle se observan dos claros síntomas de la debilidad por la que atraviesa el tejido empresarial en España. El primero, que la caída no ha supuesto un mínimo en el total de procedimientos declarados. En 2020 se declararon 4.192, siendo ésta la cuarta cifra más baja de la serie histórica, por encima de los de 2008, con 2.590, de los de 2016, con 4.120 y de los de 2018, con 4.108, quedando dicha cifra muy cercana a la registrada en 2017, cuando se declararon 4.211.
El segundo de los síntomas es que la moratoria no consiguió frenar el número de concursos declarados en el mes de diciembre, registrándose un crecimiento del 4,35% con respecto al mismo mes de 2019 (456 frente a los 437 de 2019).
Los datos prueban, por tanto, que el estado de las empresas y negocios españoles es más que crítico y que su recuperación requiere de un verdadero bote salvavidas que contribuya a mejorar sus niveles de liquidez, por un lado, y que incentive el consumo, por otro. Además de no poner más palos en las ruedas de los autónomos y pequeñas empresas.
Sin embargo, todo apunta a que ambas cosas se sumarán al listado de deseos por cumplir de las empresas. Las razones de esta afirmación son ya realidades. El año se estrenaba con una nueva subida de la cuota de los autónomos. Así, a los 12 euros de más que se vieron obligados a pagar desde noviembre por la subida de las bases mínimas de cotización (hasta los 289 euros), se suman entre otros 3 y 12 euros más desde enero por el incremento de los tipos de cotización. Es decir, los autónomos tendrán que ingresar a la Seguridad Social en 2021 entre 15 y 24 euros de más al mes sobre la cantidad que lo hacían el pasado año. Un pico que se hace más cuesta arriba dada la situación actual.
Tampoco parece ayudar la, todavía en fase de negociación, nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. El Ministerio de Trabajo mantiene su posición de prohibición de despido y las sanciones correspondientes en los seis meses posteriores a la finalización del ERTE. Aunque desde las patronales CEOE y CEPYME, consienten en el mantenimiento de la prohibición, sí han solicitado que la sanción, en caso de despido, se limite a la devolución de las exoneraciones que se han aplicado al trabajador o trabajadores afectados, no a la de la totalidad como rige hasta ahora.
A lo anterior le sumamos los incrementos fiscales ya en marcha -elevación al 21% del impuesto a las bebidas azucaradas, incremento del 6% al 8% sobre el impuesto a las primas de seguros, aumento del tipo marginal del IRPF al 47% para las rentas de más de 300.000 euros, reducción de las bonificaciones por aportaciones a planes de pensiones, subida de un 1% en Patrimonio para aquellos de más de 10 millones de euros o limitación de las exenciones sobre dividendos y plusvalías al 95% para filiales, …- y los que baraja aprobar el Ejecutivo a partir del segundo semestre o en los Presupuestos de 2022, como tarde. Entre estos el endurecimiento del sistema de módulos para los autónomos, la armonización de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o la revisión e incluso supresión de las deducciones por I+D, recortes en donaciones y tipos reducidos en SICAV y Socimis, e incentivos a la contratación de discapacitados.
Y por si todo lo anterior fuera poco, el año ha empezado con la subida de la factura de la luz. Con picos en el precio mayorista (sin contar peajes e impuestos) de hasta el 36% por encima de lo que se abonaba el año pasado y que supone entre 15 y 17 euros más por hogar, sobrepasando los 54 euros de media en el caso de los consumidores. Cantidad que se queda corta si miramos a negocios como peluquerías o bares y restaurantes, en los que la factura mensual asciende a entre 200 y 1.000 euros según la superficie y los servicios que se ofrezcan.
Un escenario que, como las calles de muchas ciudades en estos días, se presenta resbaladizo, que obliga a reinventarse y sumarse al carro de la nueva economía en la que la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad social serán puntales para la recuperación. Prueba de ello es que las actividades relacionadas el transporte y almacenamiento, impulsadas por el auge del comercio electrónico, son las que menos cayeron en emprendimiento y las que mayor crecimiento de la inversión acumularon en términos relativos.