Probablemente, en la edad contemporánea y desde los aciagos años de conflictos bélicos del siglo pasado, nunca hubo tantas ganas de terminar un año. De forma más o menos abrupta, todos expresamos nuestro deseo de dar carpetazo a este 2020. Más si nos referimos al vapuleado tejido empresarial de España que, con un 98% de autónomos y pymes, es el que más ha sufrido el daño del COVID-19. Tal es así que, a pesar de las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo con el fin de evitar la quiebra masiva de empresas solventes, este fatídico 2020 acabará con un “importante repunte de los concursos de acreedores”. Así lo asegura el Gabinete de Estudios Económicos de axesor en su último Boletín Trimestral de Morosidad PULSE. Incremento que, valga la pena señalarlo, se cebará en los sectores que ahora son estratégicos para la economía española, como son la hostelería, el turismo, el comercio y la automoción.
Si bien el anuncio del descubrimiento de la vacuna o la llegada de los fondos europeos han supuesto y supondrán cierto alivio para los valores que cotizan en los mercados financieros -tal y como prueba el hecho de que el día que se anunció que el remedio de Pfizer tenía una efectividad de más del 90%, el Ibex 35 rebotase un 8,57%, anotándose la mayor subida de los últimos diez años y teniendo como protagonistas a IAG y Meliá entre otras con ascensos del 26% y 37% respectivamente-, lo cierto es que surgen muchas dudas sobre el futuro de los negocios y empresas de la economía real, la del día a día, la de a pie de calle.
Según el Boletín Trimestral de Morosidad PULSE, aunque es cierto que la ratio de morosidad se situó a finales de julio en el 4,8% (un 9,28% menos que el mismo mes del año pasado), también lo es el frenazo en la reducción de la tasa de morosidad. En poco más de un año, el ritmo de contracción se ha desplomado tres puntos, desde el 10,6% de junio de 2019 al 7% de agosto de 2020. Cifra que todo apunta se quedará corta una vez finalice el “año en que la pandemia sentó las bases de la economía del futuro”.
De cara a los próximos meses, la tregua que ha contenido el incremento de la morosidad parece tocar a su fin. se termina. Afirmación que parte de la base de que muchos de los préstamos garantizados por el ICO -que, por cierto, ha contribuido a que hasta agosto el saldo de crédito vivo creciese un 2,5%, hasta los 1.179,5 millones de euros- habrían entrado en período de amortización antes de que el Gobierno aprobase el pasado 17 de noviembre la extensión de 12 meses en los plazos de carencia.
Paradójicamente, y a pesar de la citada ampliación, es previsible una mayor ralentización de la reducción de la tasa de morosidad e incluso un incremento de la misma en los próximos meses.
¿Por qué la medida puede no suponer un alivio para el tejido empresarial? La respuesta tiene que ver con que quienes quieran acogerse a lo estipulado en el reciente Real Decreto Ley, deberán justificar que están al corriente de sus pagos con el banco. O lo que es lo mismo, si quieren acogerse a la prórroga de 12 meses, no podrán deber ni un céntimo a las entidades con las que operan. Barrera que se antoja compleja para muchos, dada la crítica situación por la que atraviesan un gran número de pequeños negocios de autónomos y pymes afectados por las limitaciones a la movilidad y actividad impuestas a causa de la segunda ola de la pandemia y que son el 73,9% de los solicitantes, según los datos publicados por el ICO el pasado 15 de noviembre.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta el incremento de la tasa de paro que se prevé para sectores como la hostelería, el comercio y los relacionados con el sector turístico a partir del 31 de enero del próximo año 2021. La razón es que, además de la finalización de la campaña de Navidad, que marcará un punto de inflexión, ésa es la fecha en la que finaliza la prórroga de los ERTE acordada por el Ejecutivo y que por el momento no tiene visos de continuidad. Analistas, expertos en materia laboral e incluso los propios agentes sociales ya han advertido de que muchos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que costarán a la Seguridad Social 35.000 millones de euros entre prestaciones y exenciones, se convertirán en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Hecho que desatará una reacción en cadena: menos entrada de ingresos en los hogares, menos capacidad de consumo y, por tanto, menos posibilidades para asumir el pago de deudas y créditos. Si bien esto último significará de forma inmediata un lastre para la banca, será la contracción del consumo lo que alargará la agonía en el tiempo.
Por otra parte, hemos de pensar que los niveles de morosidad en el sector inmobiliario se encuentran por debajo de los previos a la crisis del ladrillo, lo que desvirtúa el escenario de mora y fallidos. En los hogares, la ratio se situó en agosto en un reducido 3,42%, mientras que en el crédito promotor es del 6,28%, lo cual está directamente vinculado a los retrocesos del 30,6% y 21,5% por debajo de los volúmenes otorgados durante la crisis de 2008.
Sin embargo, no todo es caos o pesimismo y siempre hay luz al final del túnel. El esfuerzo realizado estos años atrás por las entidades financieras ha dado sus frutos. De hecho, los analistas del Gabinete de Estudios Económicos de axesor destacan el “razonable” margen de seguridad con el que los bancos españoles se enfrentan al previsible incremento de la tasa de morosidad en los próximos meses. Es más, el papel del sector financiero será “crucial” no solo para la recuperación, sino también para la transformación económica de los próximos años.
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