El COVID-19 no distingue de clases ni edades. Tampoco de sectores públicos o privados. En un mundo globalizado el virus no ha querido ser menos y ha contagiado la sanidad y economías mundiales. Personas, pequeños negocios, medianas y grandes empresas… Y de este modo, en escalada, hasta las administraciones públicas.
Tal es así, que el primer semestre de 2020 se ha caracterizado por una aguda sequía en lo que respecta a las transferencias de fondos públicos a las empresas y autónomos. O lo que es lo mismo, el importe concedido en subvenciones se recortó casi un 40%. La tijera también se notó en el número de ayudas públicas canalizadas a las empresas, que cayeron casi un 30%. En cifras absolutas, y según el Anuario de Subvenciones y Licitaciones de la Administración Pública correspondiente a 2019 y 1er semestre de 2020, elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor, en los seis primeros meses del año se concedieron un total de 140.859 subvenciones por un volumen de 2.208,7 millones de euros.
No obstante, conviene indicar que este retroceso se produce en base a los datos recogidos a principios de octubre, por lo que parte de la caída se podría justificar por el decalaje existente entre la concesión real de las subvenciones y la publicación de los datos por parte de las fuentes oficiales.
Los datos contrastan con la riada de fondos públicos que se distribuyeron en el conjunto de 2019. El pasado año el conjunto de administraciones transfirieron 9.244,7 millones de euros entre las sociedades de capital y los empresarios individuales. Cifra un 229,3% superior a la de 2018. Si miramos al número de subvenciones y ayudas públicas, se concedieron un 178,6% más que el ejercicio inmediatamente anterior, esto es, un total de 545.872 subvenciones.
Pero la virtud está en el punto medio. Ni tanto como en 2019, porque es un hecho probado que vivir del dinero público daña seriamente la competitividad de algunas (no todas) las empresas y, por ende, la economía. También por el agujero que supone en las cuentas estatales. Pensemos que esa cifra cerca del 1% del PIB que suponen para el apartado de gastos, es un “suma y sigue” que impacta de lleno en el equilibrio presupuestario. Gasto muchas veces ineficiente por su escaso o nulo retorno, y que ha de ser compensado con lo recaudado o a través de los mercados financieros, o lo que viene a ser deuda pública. Tanto sería insostenible si además sumamos el efecto COVID en la economía, que disparará la deuda pública española al 122% el año que viene, pudiendo llegar al 124% en 2022. Cifras sobre las que Bruselas ya ha advertido en su reciente y último semestre europeo. Es más, a la Comisión no ha tenido reparos a la hora de “invitar” a España a “revisar periódicamente el uso, la eficiencia y la adecuación de las medidas de apoyo y estar preparada para adaptarlas según sean necesario a las circunstancias cambiantes”.
Ni tan poco como en el primer semestre de 2020, porque en un momento como el actual, las empresas y los autónomos necesitan el respaldo de las administraciones para garantizar no sólo la continuidad de sus negocios, sino la de la economía en sí. Sin embargo, y según se reseña en nuestro Anuario, quienes más sufrieron el declive de fondos públicos fueron las sociedades mercantiles, en concreto les llegó un 46% menos de ayudas (en volumen) que en el primer semestre de 2019.
En este punto es importante insistir en que España, ha sido, es y, seguirá siendo (habrá que esperar una o dos décadas hasta ver cómo nuestro tejido empresarial adquiere tamaño y se aproxima al de países como Alemania) un país de pymes, de pequeños negocios. Y son precisamente éstas y éstos los que sobreviven con la espada de Damocles sobre sus cabezas desde que la pandemia se colase en nuestro día a día. Miremos de nuevo a los datos. Los tres sectores en los que se han incrementado los concursos de acreedores hasta octubre son hostelería, actividades administrativas y educación. Sectores en los que, precisamente se concentra un gran número de pequeños negocios y empresas. Especialmente en hostelería, donde el aumento fue de un 10,6% y acabó los diez primeros meses del año con una tasa negativa de creación de empresas del 27,2%.
Más allá de la realidad del dato, el Anuario de Subvenciones y Licitaciones de la Administración Pública en 2019 y 1er semestre de 2020 destaca el esfuerzo realizado por las administraciones regionales y locales a la hora de transferir fondos a la economía real. Estas duplicaron su peso en el reparto. Otorgaron 535 millones de euros y pasaron de representar el 19,5% del primer semestre de 2019 al 35% del mismo periodo de 2020. Lo anterior en detrimento de la Administración Central, donde el importe concedido en ayudas y subvenciones se redujo hasta los 991,4 millones de euros. Esto es 15 puntos menos en un año, desplomándose del 80,5% al 65%.
Atendiendo a los datos anteriores y a la crudeza de la situación a pie de calle, como destaca nuestro Anuario: España debe preparar una respuesta adecuada en materia de desarrollo productivo, industrial y sectorial, distinto a lo habitual. Toca hacer trabajo de prospección sobre qué sectores de actividad tienen mayor futuro, así como en cuáles ocupamos una posición comparativamente competitiva y con potencial de desarrollo tractor de nuestro aparato productivo.
Así las cosas, esperemos que lo que en el primer semestre hemos calificado de sequía se quede en un barbecho -obligado por la parálisis de la actividad durante los meses más críticos de la pandemia- que dé paso a tierras más fértiles los próximos años.
Te invitamos a descargarte el anuario en el siguiente enlace para tener el análisis completo:
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