Uno de los mensajes más repetidos en las redes sociales dese hace unas semanas es “¡Madrid, resiste!”. Esta comunidad es, sin duda, la que más está sufriendo los azotes del COVID. En primer lugar, por ser la capital de España, lo que la convierte en la ciudad más poblada, y centro de llegada de la mayor parte de turistas internacionales e inversión extranjera. En segundo lugar, porque, pese al repunte del consumo en el último trimestre, las restricciones y limitaciones a las que han obligado la pandemia han tocado de lleno a los bolsillos. Y eso se nota.
El cóctel molotov que ha supuesto la caída de la demanda interna y externa desde que la irrupción del COVID diese la puntilla a una economía, la española, que ya venía mostrando signos evidentes de agotamiento el pasado 2019, se ha trasladado ya a las operaciones empresariales. Según el último Radar Empresarial de Ampliaciones de Capital elaborado por axesor, en lo que va de año, las compañías y negocios madrileños han reducido capital por importe de casi 5.400 millones de euros y, aunque si bien es cierto que la cifra es un 49% menor que la del mismo periodo del año pasado (10.392 millones de euros), lo relevante es que las ampliaciones de capital apenas alcanzaron los 5.045 millones de euros, un 35% menos que entre enero y septiembre de 2019, cuando el volumen de las inversiones fue de más de 7.805 millones de euros.
Los datos hablan por sí solos y urgen medidas que consigan, ya no remontar, sino mantener el dinamismo de una región que pese a todo continúa siendo el principal centro de atracción de la inversión para las empresas, muy por delante de Cataluña, donde el volumen de ampliaciones de capital fue de 3.301 millones de euros y de la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde se superaron los 1.000 millones de euros (1.103 y 1.036 millones de euros).
Extendiendo el ámbito territorial, los 13.745 miles de millones de euros de inversión total en España, no deben llevarnos a engaño si lo comparamos con el pasado año, pues las ampliaciones de capital han caído casi un 29%. Cifra que tiene como telón de fondo la caída de la demanda antes mencionada, el cierre de muchas empresas y negocios, la falta de emprendimiento y la incertidumbre política y económica, tónica reinante desde que estallase la pandemia.
A la vista de los datos, la supervivencia y crecimiento del sector empresarial no debe dejarse al albur de la llegada de los 140.000 millones de euros -o 70.000 si finalmente, tal y como valora el Gobierno, no se solicita la partida que se recibiría en forma de préstamos- de los Fondos de Recuperación Europeos y que no se prevé hasta mediados del año próximo. Las empresas necesitan que se afloje la soga que rodea sus cuellos. Medidas que rebajen la presión fiscal, incluyendo la rebaja de las cotizaciones sociales, o aplazamientos en las amortizaciones de los préstamos ICO – COVID -que lejos del alivio, ha supuesto para muchos la subida del último escalón del patíbulo-, prórrogas de los ERTE, ayudas para el emprendimiento, el re-emprendimiento y la digitalización, programas de reciclaje, así como formación y cualificación en nuevas tecnologías se hacen ahora más necesarias que nunca.
De cara al medio y largo plazo, gobiernos e instituciones deben tomarse en serio cómo afrontar el cambio del modelo productivo. Si no queremos volver a caer en errores del pasado hay que empezar a pensar en una nueva hoja de ruta que incremente el peso de las ampliaciones de capital en sectores que no sean la construcción y el inmobiliario que, junto con el financiero concentraron el 56% del volumen total de ampliaciones de capital que se han producido entre enero y septiembre.
España debe planear y desarrollar una sólida estrategia de presente y futuro sostenida en la formación desde las etapas tempranas en nuevas competencias, las que requerirá el empleo del futuro. Empleo que, dicho sea de paso, está cada vez más vinculado a la digitalización y la sostenibilidad. Partiendo de esta base debemos rediseñar el modelo regulatorio, garantista y discordante con la esencia propia de lo digital.