En pleno mes de agosto, el paisaje de cualquier urbe es como el de un semidesierto de arena asfáltica. Cierres bajados, pocas aglomeraciones en las cajas, plazas de aparcamiento libres… A priori podría parecer que en este 2020 nada ha cambiado con respecto a años anteriores, pero no es así. La escasa proliferación de los pequeños letreros de “cerrado por vacaciones” marcan la diferencia.
Muchos de los comercios que permanecen inactivos no volverán a abrir sus puertas en septiembre. Según el Radar Empresarial de Concursos de Acreedores elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor, en lo que llevamos de año se han declarado un total de 2.266 concursos de acreedores de los cuales, más del 22% se han producido en el sector del comercio. En términos absolutos hablamos de 502 ceses definitivos de negocios, muchos de ellos con varios empleados en plantilla.
Sólo en el mes de julio se registraron 112 insolvencias, la mayor cifra en lo que va de año -por encima de los 107 de enero- y más de un 14% de las registradas el año pasado.
La vuelta a la actividad en los Registros Mercantiles confirma lo que auguraban los analistas en los meses más duros de la pandemia. El desplome de los procedimientos concursales en los meses de marzo, abril y mayo era sólo un espejismo. Una realidad que no ha hecho más que empezar y sobre la que ha advertido la Confederación Española de Comercio (CEC). De aquí a final de año podrían cerrar 100.000 tiendas en España, es decir, el 20% del total. Porcentaje en la línea con los datos del último informe de axesor.
Desde el sector se está haciendo lo imposible por reactivar las ventas que, como dato significativo, se contrajeron entre el 20% y el 30% en la primera semana de rebajas, pero el roto necesita de varios costureros. Entre ellos el de la Administración que debería impulsar o prorrogar las medidas de apoyo fiscal que se pusieron en marcha durante el confinamiento como el aplazamiento de los pagos tributarios o la extensión de los ERTE’s, para garantizar la liquidez y permitir, así, la sostenibilidad de los negocios y la generación de empleo.
Si bien, todavía no hay un plan concreto para la reactivación del comercio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insufló cierto aire en el sector durante su comparecencia ante los medios el primer martes de agosto. Si no hay nuevos cambios, la subida de impuestos que recogía en su programa se aplazará hasta 2023 (fecha en la que se prevé que la economía reciba el alta por su casi total recuperación). Incluso llegó a referirse a una revisión de la fiscalidad de la alimentación.
Lo cierto es que aumentar la presión fiscal en un escenario en el que la confianza del consumidor está por los suelos sería dar la estocada final a la economía real. Así, parece que los próximos presupuestos continuarán llevando el sello de “política fiscal expansiva”, gracias, en buena parte a la llegada de los 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo.
Al hilo de los anuncios realizados por Sánchez, todo apunta a que parte del dinero que llegue de Bruselas, irá destinado a reactivar el sector de la construcción -muy intensivo en la creación de empleo- que, con 387 procedimientos, según los datos de axesor, representa más del 17% de los concursos de acreedores que se han producido entre enero y julio de 2020. De aquí a pocos meses, tomará forma el plan de inversión en infraestructuras que recoge la mejora de la red de cercanías, cuya segunda lectura, si se desarrolla de manera sesuda, tendría mucho que ver con la recuperación de la actividad en la España vaciada. Además, la idea es culminar el desarrollo de los corredores del Mediterráneo y el Atlántico, lo cual supondrá una inyección de vitaminas para el sector exterior y la logística, este último de los menos afectados por la crisis y entre los preferidos por los emprendedores (la creación de empresas se incrementó un 18% interanual y en lo que llevamos de año ya son más 1.271 las nuevas sociedades cuya actividad es el transporte y almacenamiento).
En paralelo a lo anterior se reestructurará el Plan de Vivienda centrándolo en dos ejes, la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler y la rehabilitación de edificios para adaptarlos a las nuevas exigencias medioambientales, lo cual se alinea con las expectativas y planes de la Unión Europea.
Si bien el planteamiento, de ejecutarse con eficiencia, podría ser el puntal de la recuperación, no debemos olvidarnos de la necesidad de avanzar en el proceso de transformación de la economía hacia un entorno digital y tecnológico. España no puede permitirse volver a estancarse en un modelo económico basado en el ladrillo.