Las subvenciones y ayudas que conceden anualmente las administraciones públicas están pensadas como un apoyo financiero para aumentar la productividad de determinados sectores e impulsar la innovación y la eficiencia. El objetivo es que contribuyan a mejorar la economía, por lo que es esencial que con ellas se fortalezcan sectores estratégicos como la industria. La última crisis evidenció que los países con un mayor peso de ella en el PIB respondieron mejor.
Diez años después de la irrupción de esa crisis, el apoyo a la industria se ha debilitado en vez de reforzarse, con una disminución del dinero destinado a ella que confirma una tendencia decreciente iniciada en 2014. El sector industrial lleva de hecho seis años consecutivos recibiendo menos de 1.000 millones de euros por ejercicio.
En 2018, las sociedades mercantiles percibieron poco más de 1.080 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas. De ellos, tal y como muestra el Anuario de Administraciones Públicas de axesor correspondiente a ese año, las del sector industrial obtuvieron 275,67 millones. Es la cifra más baja en más de diez años para un sector que es clave en términos de empleo y actividad.
La industria comprende, entre otras, las actividades extractivas y la industria manufacturera. De los 275,67 millones de euros que recibió la industria en 2018, 261,7 millones fueron al sector manufacturero, que es uno de los centrales para la economía española. Engloba un alto número de segmentos, entre otros, alimentación, tabaco, confección de prendas de vestir, productos farmacéuticos, artes gráficas, productos informáticos, maquinaria y equipos, industria química, refinería de petróleo, metalurgia, etc. Esa cifra no solo supone un descenso en cuantía respecto a años anteriores, sino también en el porcentaje sobre el flujo total destinado a sociedades mercantiles (24,2% de 1.080,1 millones de euros en 2018; 27% de 1.201 millones en 2017; y 33,6% de 2.076 millones en 2016).
La industria no ha llegado a recuperar los niveles de producción previos a la crisis en ningún momento desde que esta acabó y, actualmente, nos encontramos ante una desaceleración económica preocupante. En 2018, la industria fue de hecho el único sector que destruyó puestos de trabajo y encadenó dos trimestres en negativo, una entrada técnica en recesión que, no obstante, se rompió en los primeros tres meses de 2019. A ello se suma que, fruto de un proceso de terciarización de la economía, redujo en tres décimas su peso en el PIB, hasta el 16%, alejándose de la media europea y del objetivo del 20% del PIB para 2020 que la Comisión Europea fijó cuando situó la política industrial como una de las prioridades del bloque en su estrategia Europa 2020. El camino recorrido es, pues, el inverso al que se debería haber andado en la “reindustralización de la economía”, un objetivo que el Gobierno estableció en febrero de este año en las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030.
Los concursos de acreedores en el sector manufacturero volvieron a subir en octubre: un 10,45% interanual. En lo que va de año, el aumento de insolvencias acumulado es ya del 23,20%, según los datos procesados por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor en un reciente radar empresarial. Y cuando enfilamos la recta final del año, la producción manufacturera acumula ya cinco meses consecutivos de deterioro. El índice PMI se sitúa por debajo de los 50 puntos desde junio. Todo nivel inferior, recordemos, se considera recesionario. En octubre se situó en 46,8, el peor dato en seis años y medio.
Influye la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también una Alemania que, pese a haberla sorteado en el tercer trimestre con un mínimo crecimiento del PIB del 0,1%, se encuentra al borde de la recesión, en un momento en el que en España afrontamos una desaceleración del crecimiento y cuando en Europa suenan tambores que para algunos podrían estar anticipando una nueva crisis. ¿Estaría la industria española preparada para afrontarla? Las subvenciones destinadas a ella suponen una ayuda hacia una economía más competitiva, más sostenible y con menos desequilibrios y, bien estructuradas, pueden contribuir a proteger un sector económico estratégico. Por tanto, sería recomendable que las administraciones españolas llevaran a cabo una revisión de su política de ayudas públicas para asegurarse de que hacen todo lo posible para potenciar y proteger este sector clave.