La nueva fecha de término es el 31 de octubre. Nadie desea una salida abrupta del Reino Unido de la UE y Europa ha optado por otorgar una prórroga de seis meses a Theresa May antes de exponerse a los efectos imprevisibles de un Brexit sin acuerdo. La amenaza, por tanto, continúa ahí, paralizando decisivas iniciativas europeas -como la arquitectura ya pactada para prevenir futuras crisis financieras en la Unión-, comprometiendo la ya debilitada actividad económica de la región; y manteniendo en vilo a decenas de miles de empresas europeas que tienen en el Reino Unido uno de sus principales mercados.
Las grandes cifras ayudan a entender lo que está en juego. La UE supone el 47% del mercado de las exportaciones británicas de bienes y el 49% de las de servicios y el flujo bilateral se cuenta por billones de euros. Si centramos el foco en España, el Reino Unido es el segundo destino más importante de la inversión española en el exterior, del mismo modo que España lo es del Reino Unido, y el quinto si lo que se mide son las exportaciones, según la información de la Secretaría de Estado de Comercio. Los intercambios de bienes y servicios entre ambos países rondan los 30.000 millones de euros y son más de 10.000 las empresas españolas que venden sus productos en el mercado británico.
Para todas ellas la situación va a cambiar a partir del próximo 31 de octubre. La salida del Reino Unido de la ‘zona de confort’ comercial que supone la Unión abre multitud de incógnitas sobre la marcha negocios en el país y les plantea no pocos desafíos, algunos relacionados de forma directa con su actividad y otros menos evidentes pero que pueden aflorar en los próximos meses. El Gobierno de España ha puesto especial empeño en animar a las empresas con intereses en Reino Unido a diseñar planes de contingencia y ha habilitado una página web (http://www.lamoncloa.gob.es/brexit ) para poner a disposición de las empresas toda la información que pueden necesitar y los recursos a su alcance.
Una nueva frontera comercial y administrativa
Según un informe elaborado a partir de las opiniones de un millar de empresarios españoles, la fiscalidad y las cuestiones aduaneras constituyen las principales preocupaciones de las compañías con intereses en Reino Unido. A partir del 31 de octubre y a la espera de los acuerdos que se puedan alcanzar, Reino Unido pasará a tener la consideración de país tercero en los intercambios comerciales con las empresas UE y eso significará que las mercancías procedentes de España empezarán a estar sujetas a supervisión y control aduanero.
¿En qué se traducirá esto? En la aplicación de los aranceles correspondientes, en nuevas prohibiciones y restricciones a determinadas mercancías y en nuevas formalidades aduaneras, en más cargas burocráticas, en definitiva. Las empresas españolas con intereses económicos en el país deberán tener en cuenta varias cosas:
- A nivel doméstico, deberán realizar la correspondiente declaración aduanera para poder adquirir o vender productos en Reino Unido.
- Respecto a su actividad en Reino Unido, deberán prepararse para pasar una serie de controles en aduana que antes no eran necesarios y que pueden retrasar los tiempos de sus procesos, con riesgo de retrasos e incumplimiento de contratos. Desde el Gobierno se recomienda analizar los puestos fronterizos de entrada para evitar los más saturados y consultar a profesionales aduaneros y transitarios para poner en marcha estrategias que minimicen estos problemas mediante el uso de depósitos aduaneros y otras opciones.
Adiós a la seguridad jurídica del Mercado Común
Otra consecuencia del Brexit será la desactivación automática de todas las licencias y autorizaciones obtenidas en el Reino Unido para operar hacia terceros países con las condiciones de la UE. Esos certificados se convertirán en papel mojado y las empresas con filiales en el país deberán obtener las autorizaciones necesarias o disponer las reestructuraciones internas necesarias para que su operativa se altere lo menos posible.
Una circunstancia no menor es que las inversiones españolas en el Reino Unido ya no dispondrán del recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su protección se limitará a los tribunales nacionales, al no haber actualmente en vigor ningún Acuerdo de Protección de inversiones entre España y el Reino Unido.
El embrollo fiscal
Las empresas deben tener en cuenta que también cambiará el modo en que deben gestionar su política fiscal. El aspecto más preocupante tiene que ver con las cuotas de IVA soportadas en el Reino Unido por empresas sin establecimiento permanente en el país, es decir, por las empresas exportadoras, ya que parece haber una coincidencia entre los expertos en que estas devoluciones se retrasarán de manera significativa y que incluso puede haber riesgo de impago. Por lo demás, la percepción del IVA tendrá lugar en el momento de la importación, cuando las mercancías entren en la UE. También se aplicarán nuevas reglas al devengo de los impuestos especiales de las importaciones y las exportaciones.
Adiós a la libre circulación de personas
Otro asunto a tener en cuenta es que Reino Unido saldrá de perímetro donde opera la libre circulación de personas de la UE. El país permitirá el desplazamiento al Reino Unido desde otros países de los directivos y el personal de plantilla siempre que las empresas tengan un establecimiento permanente allí, pero aplicará restricciones a las que no tengan presencia física en el país. Esto planteará problemas para las empresas exportadoras que quieran destacar un agente en el país y también para los españoles que quieran trabajar en el Reino Unido.
El Gobierno ha hecho un análisis detallado de las implicaciones que el Brexit puede tener sobre determinados sectores y situaciones concretas. Una de las más significativa y que más puede afectar tanto a las empresas como a los particulares será la reimplantación de la tarifas de terminación de llamadas fijas y móviles y de la tasas por itinerancia móvil (roaming) que la UE había prácticamente eliminado para las conexiones dentro del área europea.