Los concursos de acreedores vuelven a subir en España. De acuerdo con los datos que acaba de publicar nuestro Gabinete de Estudios Económicos en su Radar Empresarial, noviembre se saldó con 387 nuevas insolvencias judiciales, un 4,31% más que en noviembre de 2016, y ya son seis meses este año en los que la estadística concursal sube en la comparativa interanual. En lo que va de año, las sociedades de capital han registrado 3.889 nuevos concursos de acreedores; el año 2016 se cerró con 4.120 casos, lo que significa que, para que se repitiera en 2017 la trayectoria bajista de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, sería necesario que en el último mes del año se registraran como máximo 230 concursos, algo que no ha sucedido nunca en diciembre durante los últimos 10 años. Pese a este repunte, lo cierto es que el número de concursos de acreedores que se declaran en España ha sido históricamente muy bajo en comparación con los países de nuestro entorno y eso ha sido siempre así porque la fórmula concursal sigue estando lejos de representar una solución para las empresas en problemas. Precisamente, el Congreso de los Diputados aprobó a comienzos de noviembre una resolución que obliga al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de seis meses, una nueva reforma de la Ley Concursal que busque que los concursos de acreedores sean verdaderamente una segunda parte para las empresas y una nueva oportunidad.
Desde el comienzo de la crisis hasta la fecha, en España se han declarado más de 53.200 concursos de acreedores por parte de sociedades de capital, algo menos de la mitad se concentraban en los sectores de construcción (15.670 incidencias registradas) y comercio mayorista y minorista (10.085 concursos). Y el hecho es que casi todos han terminado desembocando en el cierre de la empresa afectada. Esto hace que el concurso sea visto como un estigma, un proceso de liquidación ordenada, más que como una segunda oportunidad, El resultado por tanto es que las empresas intentan evitar el concurso a toda costa y cuando llegan, lo hacen tarde y con una debilidad excesiva como para que la fórmula concursal pueda funcionar.
En consecuencia, una de las principales reivindicaciones de los expertos es que la legislación concursal sea más ágil y se adapte mejor a la casuística del tejido empresarial español, donde predominan las pymes y, especialmente, las micropymes. En este sentido, los plazos y los costes asociados a los procesos concursales pueden llegar a resultar inasequibles para empresas de pequeña dimensión.
Así, las rigideces asociadas a las posibilidades de acuerdos extrajudiciales, aplazamientos, fraccionamientos o posibles exoneraciones en relación a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social son uno de los grandes caballos de batalla para las pequeñas empresas y autónomos en situación concursal. En la misma línea, la iniciativa aprobada por el pleno del Congreso y remitida al Gobierno sugiere que el plazo de control para que la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho por parte de pequeñas empresas y personas naturales empresarios, no supere los tres años, puesto que está demostrado que los periodos cortos de condonación tienen un impacto positivo en la economía, ya que facilitan el regreso rápido de las empresas a los ciclos de consumo e inversión.
Es clave, pues, flexibilizar las fórmulas para facilitar que proliferen los convenios entre empresa y acreedores. Por eso, la propuesta tramitada por el Congreso también propone articular mecanismos para facilitar la dación en pago de la vivienda como instrumento para cancelar deudas y reducir el porcentaje de votos necesario para alcanzar acuerdos extrajudiciales en la primera fase de negociación entre deudor y acreedores, ya que son muchas las pequeñas empresas que no se pueden permitir entrar en la vía judicial, por lo largo que resulta el proceso y el coste que acarrea.
En definitiva, lo que se busca es que esa segunda oportunidad que es el espíritu vocacional de la ley concursal, sea una realidad. Y la fortaleza actual de la economía otorga un margen de maniobra adicional para que los legisladores trabajen para hacer más resiliente al tejido empresarial español.