España crecerá claramente más que el resto de socios de la eurozona, tanto en 2016, donde el PIB se expandirá un 3,2%, como en 2017, cuando la tasa de crecimiento será algo menor, del 2,5%. Esas son las previsiones del Boletín Trimestral de Coyuntura Económica FOCUS, publicado por nuestro Gabinete de Estudios Económicos. El ejercicio que acaba se caracteriza por el dinamismo del consumo privado, que lleva meses beneficiándose del aumento del poder adquisitivo de las economías domésticas, fruto de la creación de empleo, del descenso de los precios de la energía y de las mejoras en las condiciones financieras. Eso sí, nuestro Gabinete de Estudios Económicos advierte de los crecientes riesgos, tanto a nivel interno, como en el plano internacional, donde destaca la incertidumbre generada por el riesgo político. Las negociaciones del Brexit, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y los procesos electorales que tendrán lugar en Europa a lo largo de 2017 (Francia, Holanda, Alemania, tal vez Italia), que estarán sin duda marcadas por el ascenso del populismo y el nacionalismo aún más reforzados tras el reciente atentado terrorista en Alemania, hacen de la política y sus riesgos un factor muy a tener en cuenta el próximo año. La polarización y la inestabilidad política son caldo de cultivo para una menor prosperidad económica. A esto se añade el hecho de que el proceso de globalización y de integración comercial ha dejado de avanzar a escala internacional. De hecho, el PIB mundial crecerá menos del 3%. España navegará por esta delicada coyuntura en una situación de relativa fortaleza.
De acuerdo con el informe FOCUS, el año 2017 debería consolidar una desaceleración que podría empezar a notarse a partir del segundo semestre. No obstante, el crecimiento de la inversión y de las exportaciones así como el buen tono aún del consumo privado consolidan la inercia de crecimiento de la economía española. Los riesgos principales se sitúan más de cara al ejercicio 2018
España cuenta además con la ventaja adicional de que el coste medio de los pasivos en circulación ha bajado del 3% por primera vez en su historia. Al cierre de noviembre, el interés medio conjunto de la deuda se situó en el 2,8%, por debajo del 3,21% registrado a cierre de 2015 y del 3,94% alcanzado a finales de 2014. Y el hecho de que los inversores estén pagando al Estado por tener letras del Reino de España ha llevado el interés medio de la deuda emitida en los primeros once meses de este año al 0,63%, por debajo del mínimo del 0,84% de 2015, con un ahorro estimado de 2.000 millones de euros en intereses respecto a lo presupuestado. Es decir, España se está financiando más barato que nunca.
A priori, el escenario no será tan benigno en 2017 en lo que se refiere a estas extraordinarias condiciones de financiación. La Reserva Federal ya ha empezado a endurecer su política monetaria y aunque no hay previsión de que el BCE vaya a empezar a corto plazo la retirada de estímulos, el cambio de escenario empezará a ponerse en precio en los mercados conforme avance el año 2017.
Por eso, la situación es propicia para abordar sin dilación las reformas que necesita el país. Sigue siendo necesario introducir medidas que reduzcan la temporalidad e impulsen la empleabilidad en el mercado de trabajo, políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo de calidad y que ayuden a reducir la desigualdad, ampliada en España por los efectos de la crisis. Del mismo modo que son imprescindibles políticas que impulsen el crecimiento de la productividad y un mayor tamaño medio de empresas, una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios y la mejora del capital humano. Finalmente, la reducción de la deuda externa neta, el avance en el proceso de consolidación de las cuentas públicas o la creación de empleo son mejoras imprescindibles del cuadro macroeconómico.
Todo ello, en un contexto en el que el partido en el Gobierno carece de mayoría parlamentaria suficiente y se ve abocado a pactar con las fuerzas de la oposición, todas las medidas. Esta situación, inédita en la democracia española, pondrá a prueba la capacidad de los partidos políticos para llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad en su conjunto y hagan a la economía española más resistente ante shocks venideros.
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