El nuevo Gobierno, sea cual sea, tiene por delante una yincana endiablada en lo económico. No lo va a tener fácil. La Comisión Europea, con Alemania como guardián de la ortodoxia, presiona para que España corrija los desequilibrios macroeconómicos más evidentes mientras se mantienen, apenas mitigados, los desgarrones causados por la crisis: paro, desigualdad, precariedad laboral, pobreza y crisis en el sistema de pensiones.
La mejora de la actividad económica y el viento a favor internacional no despeja todas las incógnitas. Los bajos tipos de interés –que hacen soportable la carga de una deuda pública que supera el 100% del PIB-; el petróleo barato –sueño para un país obligado a importar todo el crudo que consume- y la consolidación de España como destino turístico seguro benefician a una economía todavía renqueante. Pero en el lado contrario, surgen nuevas incógnitas, como las consecuencias del “Brexit” para una economía europea que tiende al estancamiento.
Los principales retos para los próximos años son el paro, las pensiones, el sistema impositivo, la corrección de las desigualdades y, muy importante, el combate contra la corrupción. En esos cinco puntos, el país se juega el futuro. El premio Nobel de Economía de 2015, Angus Deaton, lo resumió recientemente en una conferencia pronunciada en España: "La combinación de pedir austeridad y después mostrar debilidad frente a la corrupción es una bomba social”. La primera obligación de los gobernantes será corregir esa situación e impedir un estallido del que, por cierto, han advertido las organizaciones sindicales.
En materia de empleo, los números muestran una mejora cierta. El paro baja y la afiliación a la Seguridad Social crece. Las reformas laborales han lubricado el sistema, que se caracteriza por la temporalidad, la rotación en la contratación y la devaluación salarial. En la juventud, con una tasa de desempleo del 46,9%, la realidad es sencillamente vergonzosa.
El impacto del pobre mercado de trabajo sobre la caja de la Seguridad Social ha sido devastador. La escasa calidad del empleo afecta a las cotizaciones sociales. Así, en un sistema de pensiones como el español, de reparto, los ingresos de la Seguridad Social no cubren las prestaciones de los nuevos pensionistas.
En 2015, a pesar de que la economía española creció por encima del 3% y se crearon medio millón de puestos de trabajo teóricos, el déficit de la Seguridad Social superó los 16.700 millones de euros (el 1,55% del PIB). Y la hucha se agota. Tras la última apelación a lo acumulado en el Fondo de Reserva para pagar la extra de julio (8.700 millones), quedan poco más de 25.000 millones.
Sólo hay dinero para pagar la extra de Navidades de este año y las dos de 2017. A partir de 2018, solo una aportación extraordinaria del Estado podría hacer posible que la Seguridad Social pueda hacer frente a sus compromisos. Es la consecuencia de la pérdida de cotizantes durante la crisis (dos millones), los bajos salarios, la proliferación de los descuentos (tarifas planas) y la inflación baja, que hunde las bases de cotización.
Con un panorama que se parece una pista de obstáculos, la promesa de bajar los impuestos de nuevo ha vuelto a salir en las elecciones. Pero Bruselas exige un ajuste adicional de 8.100 millones de euros para cumplir con el déficit (5% en 2015 frente al 4,2% comprometido). Por lo tanto, será muy difícil disminuir el tipo mínimo en el IRPF (hasta 12.450 euros anuales de ingresos) del 19% al 17% y del máximo (más de 60.000) del 45% al 43%.
Tanto como justificar la continuada caída de los salarios. Los datos de la agencia Thomson Reuters muestran que, desde que estalló la crisis, el salario real en España se ha reducido en una cuarta parte, mientras que en Estados Unidos y Alemania ha subido un 5% y en Reino Unido ha caído un 7,5%. La oficina de estadísticas europea Eurostat recuerda que, en apenas ocho años, el sueldo anual del español medio ha bajado en 2.000 euros.
Aunque la economía crece, los salarios bajos y rebajas impositivas afectan a la recaudación fiscal lo que, a su vez, tiene consecuencias en la deuda, el déficit y el sistema de pensiones. Una vez más, los datos son tozudos. Entre enero y mayo, la recaudación cayó un 2,5%. Es un mal dato. Entre otras cosas porque el Gobierno elaboró los Presupuestos de 2016 contando con que los ingresos fiscales crecerían un 4%.
Santiago Carcar es jefe de redacción de Bez.es. Especializado en periodismo de investigación, información económica y energía, Santiago Carcar ha trabajado en las redacciones de Infolibre, El País, Grupo Zeta, Agencia Lid y Radio Nacional de España.