Los concursos de acreedores por parte de sociedades mercantiles se encuentran en España en el nivel más bajo desde 2008. De acuerdo con los datos recopilados por nuestro Gabinete de Estudios Económicos, entre enero y marzo se iniciaron 1.087 procesos formales de insolvencia, lo que supone un retroceso del 22,5% respecto a 2015. Son ya 29 meses consecutivos de caída en la comparativa interanual, una racha inédita desde que en 2004 un cambio legislativo agrupó quiebras e impagos. La cifra implica el arranque de año con menos concursos por parte de sociedades mercantiles desde 2008, si bien aún está claramente por encima de los niveles de entonces, ya que el número de concursos registrado en los tres primeros meses de aquel año fue de 360.
Los datos implican, en todo caso,
una caída del 57,65% respecto al tormentoso comienzo del ejercicio 2013, cuando llegaron a declararse 2.567 casos en el primer trimestre.
Cataluña, Valencia y Madrid representan el 51,05% (555, en términos absolutos) de todos los procesos formales de insolvencia iniciados este año;
construcción, comercio e industria manufacturera acaparan el 55,3% (un total de 601 casos) de los concursos. Se puede tomar la estadística concursal como
un reflejo del cambio del panorama económico de España. De hecho, nuestras previsiones de crecimiento estiman
una expansión del PIB para nada insignificante con un 2,6% para el presente ejercicio. Sin embargo, lo cierto es que
la fórmula del concurso de acreedores como una segunda oportunidad para el empresario no termina de funcionar, por más reformas legislativas que se han hecho.
El porcentaje de acuerdos logrados con los acreedores para evitar el cierre, respecto al número de concursos activos en 2016 (fueran de este año o de ejercicios pasados)
es de solo el 3,74%.
Se podría argumentar que estamos a comienzos de año y que es previsible que la estadística pueda ir mejorando conforme pasen las semanas. Esto es cierto, podría ser así. Pero si se echa un vistazo retrospectivo a la evolución del porcentaje de concursos que han terminado en convenio, las razones para el optimismo quedan muy diluidas. El nivel más elevado se alcanzó en los meses de julio y agosto de 2015, cuando el porcentaje de concursos que habían logrado un convenio equivalió al 3,95% del total de los procesos activos en ese momento. A partir de entonces, el porcentaje fue disminuyendo paulatinamente y cerró el año 2015 con un 3,75%. En conclusión, la tasa de éxito está siempre por debajo del 4%.
Recientemente, se ha publicado en todos los medios el acuerdo ‘in extremis’ logrado por Abengoa, la que probablemente era la mayor empresa andaluza por facturación, para evitar la quiebra; el plan de reestructuración de la compañía se discutirá el próximo 30 de junio en junta general. Pues bien, son sociedades de este gran tamaño las que habitualmente tienen más posibilidades para cerrar acuerdos con los acreedores, pero no se puede olvidar que, según datos del Ministerio de Industria, el 95,8% de las empresas españolas son micropymes (sociedades que tienen de cero a nueve empleados). Del mismo modo, tampoco se puede obviar que si bien durante la crisis se ha promovido mucho con incentivos y otras facilidades la figura del emprendedor, no es menos cierto que el 80% de estos proyectos empresariales suelen terminar fracasando. Se necesita entonces crear un entorno financiero y un marco legislativo en el que los empresarios no sufran “de por vida” las consecuencias de sus proyectos fallidos. En este sentido, debe entenderse el concurso de acreedores no como un estigma, ni como un mero trámite antes del cierre definitivo, sino como una verdadera oportunidad de reestructuración y reorganización para la empresa, siguiendo el espíritu que caracteriza la legislación anglosajona en este aspecto.
Es resumen, aunque es buen síntoma que los concursos de acreedores continúen descendiendo (el sector de la construcción, el más voluminoso de todos, lleva un ajuste en tasa interanual del 36,4%), sería una noticia todavía mejor que el porcentaje de concursos que alcanzan un convenio fuera sustancialmente superior al actual.
Desde el comienzo de la crisis se han iniciado en España 46.319 insolvencias judiciales por parte de sociedades mercantiles. A la luz del porcentaje de éxito concursal y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las empresas que cierran en España ni siquiera comunican oficialmente su baja, se puede concluir que la mortalidad empresarial como consecuencia de la crisis ha sido enorme en España y el marco concursal no ha ayudado demasiado a aliviarla, a pesar del esfuerzo de agilización y flexibilización de los procesos, así como la facilidad para conseguir acuerdos, introducidos a partir de la Ley 9/2015 del 25 de mayo del año pasado. Por otra parte, desde Axesor hemos detectado que alrededor de la quinta parte de las empresas que se han visto abocadas al cierre durante estos años lo han hecho por un problema específico de liquidez y no de solvencia. Todo esto pone de manifiesto lo relevante que es para una empresa hacer una gestión profesionalizada del riesgo de crédito, algo que debería formar parte del núcleo central de toda política corporativa eficaz.
Gabinete de Estudios Económicos de axesor