El Gobierno ha colocado nuevos guardarraíles para proteger el camino de piedras que conduce a la recuperación y frenar la caída en tromba por el precipicio de las suspensiones de pagos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, fue el primero en apuntarse la medalla al mérito empresarial cuando anunció a primeros de año la aplicación de medidas urgentes para favorecer las refinanciaciones de compañías embriagadas por la borrachera de deuda durante los años de vino y rosas.
El Real Decreto-Ley 4/2014 entró en el BOE el pasado 8 de marzo bajo el palio de un acuerdo parlamentario inaudito para los tiempos que corren. Los principales grupos políticos no han desaprovechado la ocasión de retratarse con el traje de bombero en un intento unánime por apagar las llamas de la gran recesión económica. Son muchos los que dan por sofocado el fuego, pero los más cautos saben que las tareas de extinción no terminarán hasta que se apaguen los últimos rescoldos del incendio.
La crisis, no hay mal que cien años dure, ha remitido desde un punto de vista macroeconómico, como atestiguan las recientes previsiones del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. España mira al futuro con un renovado optimismo basado en un horizonte de constante aumento del PIB, hasta alcanzar el 3% en 2017. Otra cosa muy distinta es el siniestro balance de víctimas que han dejado las vacas flacas de los últimos años, con la destrucción del tejido industrial en todo el país y el descomunal saldo de más de tres millones y medio de parados.
Los datos del pasado ejercicio son muestra elocuente del destrozo. No en vano, según datos de axesor, cerca de 9.000 sociedades mercantiles se declararon insolventes ante el juzgado en 2013, considerado por muchos como el punto de inflexión de una nueva era de crecimiento y recuperación. Suspicacias al margen se podría decir aquello de así será si así le parece al Gobierno, pero no es menos cierto que la resaca de la crisis tiene una inercia muy prolongada y los responsables de la política económica están cruzando los dedos para que la estadística microeconómica, la más pegada al terreno empresarial, no se lleve por delante los enormes sacrificios impuestos a todos los españoles desde que el presidente Mariano Rajoy llegó a La Moncloa.
Régimen de mayorías para un acuerdo de refinanciación
La proliferación de suspensiones de pagos ha obligado a una reforma de la ley Concursal, probablemente una de las regulaciones que ha sido sometida a mayores vaivenes legislativos desde su promulgación en el BOE hace ya casi once años. Las ventajas aplicadas recientemente con vistas a los futuros procesos de reconversión de deuda evidencian también la precaución con que los actuales gobernantes observan la situación económica al margen de la última realidad oficial de primavera.
Las medidas convalidadas por el Congreso de los Diputados son irreprochables a tenor de la mayor flexibilidad que introducen en las negociaciones entre deudores y acreedores. El objetivo de salvar a los primeros asegurando los derechos de los segundos justifica la rebaja del régimen de mayorías exigido para llegar a un acuerdo de refinanciación. En adelante bastará con tener el respaldo del 51% de la masa de la deuda para que una empresa pueda reestructurar sus compromisos de pago y garantizar la continuidad de su negocio.
La trascendencia que entraña este nuevo porcentaje puede entenderse mejor si se recuerda que hasta ahora se necesitaba un 75% de adhesiones, lo que en la práctica favorecía el bloqueo de las minorías sobre cualquier plan de reflotamiento. Empresas lastradas por una excesiva carga financiera pero claramente viables en su actividad económica estaban condenadas a refugiarse en los tribunales de justicia, con todas las consecuencias que acarrea un procedimiento concursal.
Ajuste fino al ‘decreto exprés’ de marzo
El decreto exprés de marzo trata de evitar la ocasión de empresas que puedan sentirse tentadas de invocar una suspensión de pagos pero, curiosamente, adolece de mecanismos que impidan el peligro de una liquidación automática. El Ministerio de Economía ha protagonizado lo que se denomina una ‘salida a medias’ porque el nuevo régimen de mayorías contemplado para llegar a un acuerdo con los acreedores sólo puede aplicarse durante los cuatro meses de la llamada fase pre-concursal.
El legislador no ha caído en la cuenta, se supone, de extender las nuevas reglas a la negociación de los convenios de acreedores que son los que, en realidad, permiten a las empresas superar las suspensiones de pagos. No deja de ser paradójico que se estimule el acuerdo para no tener que pisar el juzgado y no se haga lo mismo para salir de él, cuando además en este segundo supuesto ya se ha producido un primer entendimiento con los acreedores.
La situación creada obligará a una enésima enmienda en la regulación de las suspensiones de pagos que puede hacerse efectiva con la tramitación de las medidas de refinanciación como proyecto de ley. El Ministerio de Justicia tiene la última palabra y el grupo parlamentario del PP debería estar por la labor. Es sólo cuestión de reconocer el error para rectificarlo a tiempo porque no se olvide que la normativa concursal es un elemento de protección no sólo para las empresas sino también para las entidades financieras acreedoras que están dispuestas a mantener el riesgo de su inversión.
Los bancos y sus deudores saben que los procesos de liquidación comportan una escasa recuperación de sus créditos por lo que están condenados a entenderse a lo largo de toda la fase del concurso; no sólo antes, sino también durante y, sobre todo, después de alcanzado un primer convenio de acreedores. Por ello se impone una adaptación de la ley que apueste por la recuperación mediante el blindaje de los mecanismos concursales en España. Superada la recesión es hora ya de colocar el más eficaz y verdadero quitamiedos.
José Antonio Navas, adjunto al director de El Confidencial
José Antonio Navas, periodista especializado en información económica, actualmente trabaja en el diario El Confidencial, donde es adjunto al director. Es colaborador asiduo del programa La Linterna de la Cadena Cope. Durante casi 10 años fue director de comunicación de Indra. Ha trabajado en El País, ABC, Expansión y Cinco Días.