La tabla de salvación para empresas muy endeudadas con ganas de sobrevivir

Deuda de empresas

Cada día que pasa la economía española exhibe nuevas evidencias de que se está recuperando de la postración sufrida en los últimos cinco años. En las últimas semanas estamos asistiendo a acontecimientos muy positivos que alientan la sensación de que España se adentra en un nuevo ciclo ascendente.

El Gobierno ha elevado las previsiones de crecimiento del PIB para este año hasta un 1%, una tasa que resulta moderada frente a algunas casas de análisis que apuntan crecimientos superiores. El propio Banco de España pronostica que el PIB aumentara este año un 1,2%, dejando así definitivamente atrás la recesión, e incluso a nivel interno en el Ministerio de Economía acarician la posibilidad de que el año cierre con un crecimiento del PIB del 1,5%, en un contexto en el que el mercado laboral también ofrece señales esperanzadoras.

Son, de hecho, cada vez más los síntomas que certifican un punto de inflexión en la evolución económica del país. La agencia Moody’s ha dado recientemente el pistoletazo de salida a un previsible proceso de mejora paulatina de la calificación crediticia de la economía española, al elevar la nota de la deuda soberana al nivel de Baa2, con perspectiva positiva. Esta posición aleja a España del bono basura y abre la puerta a que el resto de grandes agencias de ráting (S&P y Fitch) también certifiquen la mejor valoración de la deuda española. Este hecho, que se trasladará también a una mejora de la calificación de bancos y empresas, pone de manifiesto la cada vez más favorable percepción que los mercados y los inversores internacionales tienen de la economía española. Algo que se refleja en la sensible caída de la prima de riesgo, ya en niveles previos a la crisis, en 160-170 puntos básicos, y en que la rentabilidad del bono a diez años se encuentra en mínimos desde 2006, en el entorno del 3,5%.

Esto, sin duda, mejora de manera muy significativa las condiciones financieras para el Tesoro y, por tanto, para las empresas en general, para lograr financiación a unos costes de emisión cada vez más bajos.

Estas son noticias, qué duda cabe, muy alentadoras para la necesaria inversión empresarial como trampolín para una mayor creación de empleo. Pero esto por sí mismo no conseguirá cortar la hemorragia de numerosas empresas que aun teniendo buenos y viables modelos de negocio están sufriendo una sangría financiera insostenible por la colosal deuda que soportan como consecuencia de los excesos cometidos durante la burbuja de dinero barato y abundante, y ahora, aunque en el mejor de los casos hayan obtenido el plácet de la banca para refinanciar deudas, se ven obligadas a soportar unos pagos en concepto de intereses exponencialmente superiores a los beneficios que son capaces de generar en un momento todavía incipiente de mejora de la actividad. Desgraciadamente, como ya sabemos por experiencia, el futuro que aguarda a gran parte de estas empresas, que serían perfectamente viables sin la losa de la deuda, es el concurso de acreedores y en última instancia el cierre.

Y esto es así pese a los últimos empeños reformistas en la legislación concursal que comenzaron marzo de 2009 cuando el azote de la crisis empezaba a ser insoportable y posteriormente en 2011 para perfeccionar los defectos de seguridad jurídica y engrasar los acuerdos de refinanciación. Intentos ambos que se han demostrado claramente insuficientes para dar respuesta a la magnitud del problema.

Exceso de deuda y falta de capital. Ese nefasto binomio, pese a los intentos por combatirlo, se ha convertido, pues, en el talón de Aquiles de nuestra economía. Desde esta óptica, sólo cabe valorar muy favorablemente la reciente iniciativa del Ministerio de Economía para dar una nueva vuelta de tuerca a la regulación concursal y tratar así de romper definitivamente ese nudo gordiano que está asfixiando a una buena parte del tejido empresarial. Me refiero a la reforma concursal en marcha para propiciar la transformación de deuda en capital, con el objetivo de poner coto a los cortes de financiación a las empresas que tanta destrucción empresarial han provocado en los últimos años.

Es de esperar que esta vez sea la definitiva y suponga un giro radical en la supervivencia de muchas compañías, gracias a la búsqueda de alternativas a la liquidación lógicamente más racionales para los propios trabajadores de la compañía endeudada en cuestión, de los acreedores, de los accionistas y en general para la economía.

En síntesis, lo que persigue la reforma es propiciar los incentivos adecuados a las entidades financieras para que capitalicen deuda de las empresas. Y precisamente para evitar que el impacto negativo que dicha conversión de deuda en capital pudiera tener en el balance de los bancos, lo que se pretende es que tales operaciones se lleven a cabo a través de fondos de capital riesgo y que sean estos los que tomen la participación en el capital de las empresas. A las empresas, pues, se les refuerza el balance y se les exime de pagar intereses y al tiempo al banco no se le penaliza por esta nueva vía de renegociar los créditos a las empresas. Es decir, que tan importante o más que el perfeccionamiento y flexibilización de los mecanismos estrictamente concursales lo es el acompasamiento de los mismos a la reestructuración financiera y el haber tenido en cuenta la necesidad de modular el impacto que las operaciones de capitalización de deudas y renegociación de créditos pudieran producir en el capital y provisiones de los bancos. Algo que ha sido tenido en cuenta por el Ministerio de Economía y por el propio Banco de España para evitar que las buenas intenciones de la reforma terminen encallando en la eventual penalización a las provisiones de la entidad que convierta deuda en capital.

Junto a ello, la nueva reforma contempla también otras vías como la exigencia de esperas o de quitas sin límites de porcentaje, e incluso en los casos en los que la conversión de deuda por capital entrañe la toma de control de una cotizada cabe la dispensa de aplicar el régimen de opa obligatoria.

El volumen de deuda en liza puede superar los 200.000 millones, lo que da idea de la magnitud del problema que se pretende atajar. El propio Ministerio de Economía baraja la idea de que esta iniciativa podría salvar a 65.000 empresas y espolear la creación de 200.000 puestos de trabajo. De ahí que el decreto cosechara a finales de marzo la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios en el Congreso para su convalidación, rara avis en esta legislatura. El Gobierno ha tenido además el acierto de tramitarlo como proyecto de ley, lo que permitirá en las próximas semanas introducir mejoras y propuestas de los grupos parlamentarios para engrasar el funcionamiento de los nuevos vehículos de refinanciación. 

De hecho, puede pensarse que a priori las fórmulas implementadas podrían favorecer fundamentalmente a empresas medianas y grandes, porque parece menos claro que bancos y fondos puedan tener interés en capitalizar deuda y en su caso asumir el control y, por tanto, la gestión de pequeñas compañías. Por eso es importante llevar a buen puerto otras medidas que incentiven y flexibilicen la posibilidad de que el capital riesgo invierta en pymes, como lo es que las entidades de capital riesgo puedan prestar a las empresas, en lo que constituye una vía de financiación no bancaría que puede dar resultados muy satisfactorios.

Confiemos, pues, en que este nuevo intento de insuflar oxígeno a las empresas por la vía concursal sea definitivo y que realmente las empresas viables, por mucha que sea la carga de su deuda, tengan posibilidades de subsistir de manera solvente y sostenida. Este es sin duda uno de los pilares sobre los que debe sustentarse la recuperación económica.

Juan José Garrido, Redactor Jefe de Expansión

Juan José Garrido es periodista especializado en información económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, comenzó a trabajar en el Diario de León. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario Expansión, donde en la actualidad es Redactor Jefe de Economía/Política y de Opinión. Ha colaborado en tertulias de televisión y medios escritos especializados en economía con artículos de opinión.


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