La gran incógnita que pende sobre la economía española ahora que la recesión parece haber quedado definitivamente atrás reside en si es posible alumbrar una recuperación vigorosa de la actividad económica sin el tradicional crédito bancario que riegue el tejido empresarial. El propio comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, aportaba recientemente su visión sobre el asunto y no resulta nada halagüeña: “La historia de la economía nos enseña que no hay crecimiento económico sostenido sin crecimiento del crédito”. Aplicando este axioma a España, existe un alto riesgo de que la incipiente recuperación sea cicatera e insuficiente para generar las dosis de inversión empresarial y empleo que necesita un país que soporta casi seis millones de parados.
En España, donde la banca está inmersa en un implacable proceso de saneamiento, tratando de reducir sus balances a toda costa, lo previsible es que el flujo de financiación a las empresas, en caso de que se abra, se hará con cuentagotas. De hecho, en este obligado escenario de desapalancamiento vemos a diario cómo es más habitual de lo deseable que las entidades acaben cancelando indefectiblemente las pólizas de crédito cuando toca la renovación o, en el mejor de los casos, que su continuidad exija unos elevados diferenciales a menudo inasumibles para las empresas. Esto, además, en un contexto en el que la nueva regulación bancaria derivada de las exigencias conocidas como Basilea III se traducirá en un endurecimiento de las exigencias de capital a las entidades en los préstamos bancarios a largo plazo y a las pymes, lo cual en nada ayuda a estimular el crédito.
La desagradable consecuencia de ello es que muchas pequeñas y medianas empresas, perfectamente viables en un entorno de normalidad crediticia, se ven estranguladas financieramente, abocadas en muchos casos a desaparecer. Se cuentan por decenas de miles las que lo han hecho ya, en un contexto, además, muy agravado por la morosidad de las Administraciones Públicas.
¿Qué se puede esperar en un futuro inmediato? ¿Cabe confiar en una pronta mayor generosidad crediticia por parte de las entidades financieras? Desgraciadamente, la respuesta es menos satisfactoria de lo que nos gustaría. Es cierto que en esta travesía del desierto que dura ya más de cinco años, aquellas empresas a las que las circunstancias les han permitido lo primero de todo sobrevivir y después reducir costes, sanear sus balances y recuperar la rentabilidad, tendrán opciones para granjearse la confianza de aquellos bancos que no tengan reparos a abrir el grifo del crédito al socaire de una demanda más solvente. Pero esto será más la excepción que la regla en un contexto en el que el demandante de crédito todavía se percibe como un elemento de riesgo -la mora bancaria supera el 12%-, habida cuenta de que el proceso de desapalancamiento bancario en absoluto se puede dar por concluido. Un escenario en el que, lógicamente, no cabe esperar que se libere el crédito bancario. Antes al contrario, seguirán las estrecheces.
La actividad empresarial en España ha estado históricamente subordinada al tradicional crédito bancario. En Europa en general y en España en particular, de manera mucho más acusada, la actuación de la banca ha sido determinante en la actividad empresarial, en fuerte contraste con Estados Unidos, donde el papel de la banca en esto es muy testimonial y, en cambio, está muy desarrollada la financiación empresarial a través del mercado de capitales. En Estados Unidos no fue siempre así. Al igual que en el país norteamericano en los años setenta se aprovechó la crisis de crédito sufrida entonces para promover instrumentos alternativos de financiación bancaria a las empresas, aquí en España, donde conseguir crédito bancario tanto para las familias y para las empresas se ha convertido en una carrera de obstáculos a menudo imposible de completar, se abre una oportunidad para hacer de la necesidad virtud y tratar de desarrollar mecanismos alternativos de financiación que contribuyan a engrasar la actividad de las empresas y reducir la excesiva dependencia de las entidades financieras.
En este contexto se enmarcan las iniciativas que está promoviendo el Gobierno para tratar de paliar la penuria crediticia empresarial mediante fórmulas alternativas de financiación. Esta es, de hecho, una de las condiciones incorporadas al memorándum de entendimiento suscrito en el acuerdo con la Comisión Europea para recibir el préstamo de rescate bancario en julio de 2012. Y de ahí surge la creación del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), a través del cual las empresas podrán emitir bonos siempre que cuenten con el correspondiente rating otorgado por las empresas autorizadas para ello. Otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia y Alemania, ya cuentan con iniciativas similares. Sería ahora deseable que en el seno del MARF se produjera en breve una operación de financiación emblemática, mediante alguna empresa reconocida y reputada que sirviera para insuflar confianza en este instrumento de financiación y desbrozar así el camino a futuras operaciones. Para engrasar este mecanismo de financiación es preciso disponer de un efectivo y fiable sistema de calificación que sirva para esclarecer todos los protocolos de análisis de riesgo del emisor y procurar la mayor transparencia para generar la necesaria confianza en el inversor.
En todo caso, es previsible que este mecanismo de financiación, muy apropiado para compañías de tamaño mediano, pueda no ser óptimo para aquellas pymes de menor dimensión. De ahí la importancia de que se exploren también otros tipos de instrumentos que puedan cubrir un mayor espectro empresarial. En ello parece estar el Ministerio de Economía, que se ha comprometido a lanzar en breve una Ley de Financiación Empresarial para potenciar las vías no bancarias de acceso al crédito, y que aspira, en otros aspectos, a reforzar el papel del capital riesgo de tal manera que se pueda invertir en deuda/préstamos de las empresas, abriendo la puerta a que por primera vez en España se disponga de fondos exclusivos de deuda. También se espera que dicha ley flexibilice el régimen de las instituciones de inversión colectiva, que se creen nuevos instrumentos como los llamados bonos pyme, que potencie el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil y que mejore los protocolos para que aquellas empresas cuyas líneas de crédito vayan a ser canceladas o reducidas dispongan de margen para realizar los ajustes pertinentes para mantener la financiación circulante.
De todas estas fórmulas encaminadas a paliar la sequía crediticia necesitan las empresas como agua de mayo. Ahora que la proa de la economía parece poner rumbo hacia la recuperación, constituye una necesidad vital que el crédito empiece a fluir hacia las pequeñas y medianas empresas, so pena de tener que conformarnos con una recuperación de baja intensidad en un entorno económico frágil y estéril para la creación de empleo.
Juan José Garrido, Redactor Jefe de Expansión
Juan José Garrido es periodista especializado en información económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, comenzó a trabajar en el Diario de León. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario Expansión, donde en la actualidad es Redactor Jefe de Economía/Política y de Opinión. Ha colaborado en tertulias de televisión y medios escritos especializados en economía con artículos de opinión.