Atravesamos, sin lugar a duda, un momento más que interesante. La irrupción de la pandemia y la hibernación a la que tuvieron que someterse, a la fuerza, las economías mundiales, junto al estallido del conflicto en Ucrania han supuesto un punto de inflexión para el devenir de empresas, Gobiernos y agentes económicos, sea cuales fuere su naturaleza.
Conceptos como la replanificación presupuestaria, que antaño se producía una vez cada ejercicio -cuando no cada bienio- han pasado a formar parte del día a día de las empresas, que se han tenido que adaptar a trabajar en un marco de incertidumbre constante en el que la escalada de las tensiones inflacionistas provocadas por el incremento desbocado de los costes energéticos, la contracción de la demanda y la subida de tipos de interés actúan de telón de fondo. Un escenario en el que las Administraciones Públicas cobran especial relevancia por su papel de garantes cuando los flujos de financiación privada se encuentran, si no en dique seco, sí estancados. Según la última encuesta de préstamos bancarios de Banco de España, del pasado mes de julio, en el segundo trimestre del año se percibe una contracción tanto de la oferta como de la demanda de crédito, a lo que se añade un endurecimiento de las condiciones de acceso al mismo.