El 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Esta Ley vino a imponer, como una medida más de lucha contra la morosidad en nuestro país, la prohibición para las partes contratantes de pactar plazos de pago superiores a 60 días en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas, y de 30 días en operaciones concertadas entre empresas y la Administración Pública de conformidad con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.