Ley de Morosidad: Los plazos de pago se reducen en 2012

plazos de pago

El 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Esta Ley vino a imponer, como una medida más de lucha contra la morosidad en nuestro país, la prohibición para las partes contratantes de pactar plazos de pago superiores a 60 días en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas, y de 30 días en operaciones concertadas entre empresas y la Administración Pública de conformidad con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Ley introdujo por primera vez en la legislación nacional y de forma expresa, la prohibición para las partes de aumentar estos plazos, prohibición que además de cumplir con la lógica de no contravenir la propia Ley, tiene la finalidad de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago a través de cláusulas de adhesión o similares.

No obstante, teniendo en cuenta la dificultad de implantar estas medidas  por las diferencias entre estos plazos máximos y los reales existentes en el mercado español (en 2010, los plazos medios de pago en España superaban considerablemente la media europea, situándose entre los países con peor promedio en tiempo de pago), el legislador previó una reducción de los plazos paulatina y transitoria a aplicar durante los años 2011 y 2012, hasta alcanzar el objetivo indicado en la reforma de la Ley (máximo de 30 y 60 días según tipo de cliente u operación), que deberán hacerse efectivos a partir del 1 de enero de 2013.

Este régimen transitorio de plazos de pago se resume en la siguiente tabla en la que resaltamos los que ya son obligatorios en cualquier transacción que se realice para el actual año 2012.

Ahora bien, ¿qué está ocurriendo verdaderamente en la práctica?

Existen en la actualidad diversos factores que hacen realmente complicado el efectivo cumplimiento de estos plazos de pago.

Entre otros, la evidente dificultad que supone operar en la situación económica actual, dada la deficiente liquidez de nuestra economía y el elevado índice de endeudamiento, tanto para las empresas grandes, pymes y autónomos, como para la propia Administración Pública.

Por otro lado, existe un elevado desconocimiento de la existencia y contenido de esta normativa y por tanto de sus obligaciones y prohibiciones, lo que hace que se incremente el porcentaje de empresas y operaciones en las que los plazos son bien distintos.

Si a todo ello le sumamos que el legislador no ha previsto un régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de los límites de pago, realmente se ve mermada la eficacia de la Ley.

No obstante, nada de lo anterior debe ser óbice para la observancia de la misma. Los beneficios del pronto pago en la economía son obvios y su aplicación es de interés para cualquier empresa proveedora de servicios y productos. Por ello es recomendable que en los contratos que regulen las operaciones comerciales se contemplen cláusulas que comprometan a las partes a cumplir estos plazos máximos de pago o incluso acordar inferiores, incluyendo contractualmente la aplicación de las medidas de “penalización”.

La propia Ley prevé, entre otros, el devengo de intereses de demora (por defecto de acuerdo será el resultado de sumar el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más siete puntos porcentuales) que aplica por el mero incumplimiento del pago en el plazo, y sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor, o el derecho de reclamarle al deudor una indemnización por costes de cobro acreditados hasta del 15% de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000€ en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.  

 

Conoce el plazo medio de pago de cualquier empresa española en los siguientes informes:

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José Ramón Moreno, Responsable del Departamento Jurídico en axesor
Categorías: Temas empresariales

8 opiniones

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  1. José Ramón Moreno | 18 octubre 2012
    3,0000000000
    Hola Monica. Gracias por su intervención. Respecto de la primera cuestión, técnicamente no se debería de hablar de vacío legal sino mas bien que la Ley carece de un sistema que haga cumplir lo que regula de forma coercitiva (como puede ser un régimen sancionador). No obstante parece ser que el Gobierno está barajando una nueva reforma a la normativa para contemplar multas que podrían moverse en rangos de 6.000 a 900.000 euros según la gravedad de la infracción, como ya ocurre en países como Francia que gracias a ello logran tener un plazo medio de pago entre 49 a 65 días. En cuanto a la segunda de sus cuestiones, en primer lugar indicar que el plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés de demora establecidos en la ley son de aplicación en defecto de pacto entre las partes. Utilizar el término “pronto pago” como algo extraordinario cuando en verdad se corresponde a los plazos que marca la Ley, no debiera ser fundamento suficiente para tratar de negociar una rebaja en el precio. Si la propuesta se convierte en imposición por parte de la otra parte, podría considerarse una cláusula abusiva según lo regulado en el Artículo 9 de la Ley, por lo que podrías pedirle a un juez su nulidad, si bien tenga en cuenta que este artículo establece que “para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dispuesto en el artículo 4.1 y en el artículo 7.2 respectivamente. Asimismo, para determinar si una cláusula es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.” Por último en cuanto a la utilización de pagarés como medio de pago, hay que recordar que la Ley que tratamos no regula operaciones relacionadas con este tipo de pago o por cheques o letras de cambio. Aplica únicamente a transacciones de pago, para entendernos llamémosles “en metálico”, por lo que la normativa no puede hacerla valer para exigir que el pago se realice mediante esas otras formas de pago si el cliente no acepta adecuar el pago de sus servicios o la venta de sus productos a los plazos que establece la Ley. Como decía en mi anterior respuesta, nada impide que las partes acuerden otras formas de pago, aunque en la práctica sea el cliente el que termine imponiendo al proveedor formas de pago por pagarés o letras de cambio para evitar ceñirse a los plazos de la Ley. En cualquier caso, un pagaré conlleva ciertas ventajas para el beneficiario, entre ellas permite anticipar el cobro de la venta o servicio prestado mediante el descuento del pagaré en una entidad financiera, o en caso de impago, el mero hecho de presentarlo ante el juzgado lleva aparejada ejecución para reclamar el importe, los intereses y gastos correspondientes. Sobra decir no obstante, que previamente a la aceptación de un pagaré como medio de pago de la venta o prestación del servicio que vaya a prestar, se hace imprescindible conocer la solvencia y crédito que tenga la empresa que lo va a emitir, para lo que, como ya sabrá, puede valerse de los servicios de nuestra compañía a través de nuestra web www.axesor.es.
  2. José Ramón Moreno | 18 octubre 2012
    3,0000000000
    Hola Jose Luis. Esta Ley es de aplicación solamente si el contrato entre las partes se ha celebrado en base a la normativa española. Si las partes han acordado que el contrato se rija por una normativa extranjera las obligaciones de plazo de pago de esta Ley no son exigibles. Si en el contrato no se ha previsto este aspecto, en defecto aplica la ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual si es un contrato de compraventa de mercaderías y si el contrato es de prestación de servicios por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual. Si la empresa a la que se refiere en su comentario es la compradora de su mercancía o la que recibe la prestación de sus servicios, y si usted, como vendedor o prestador del servicio tiene en España su residencia habitual, efectivamente, aplica la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Recuerde también, que la Ley no aplica a operaciones en las que alguna de las partes tenga la consideración de consumidor, únicamente entre empresas, o entre empresas y la Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
  3. monica | 17 octubre 2012
    3,0000000000
    Buenas tardes, Estoy como credit controller en una empresa de distribución y me gustaría, por un lado verificar que interpreto bien lo comentado anteriormente en este artículo y también añadir algunas consultas que me surgen: 1) entiendo pues que existe, un vacío legal en la redacción de la Ley del 7 de julio de 2010 lo cual provoca que sea más complicado ponerla en la práctica: tanto por la situación económica en la que nos vemos inmersos, como porque obligan más al acreedor a llevar a cabo las acciones judiciales, al no existir un régimen sancionador. Lo cual en la práctica lleva a que se sigan aceptando los plazos que ya existían. Luego si además por el hecho de pagar mediante pagaré, sigue siendo legal emitir un pago a 180d o más... entonces ya no hay dónde cogerse. 2) por otro lado las dudas que me surgen son: si es legal que a cambio de reducir los días de pago, para acercarse a los 60d pueden exigirnos un descuento por pronto pago. Y luego si en los casos que no nos han emitido pagaré todavía y la condición de pago que nos imponen es mayor a 60 días, qué posibilidades tenemos en vista a la Ley de Morosidad, de reclamar al deudor que nos envíe un pagaré (aunque fuera con vto futuro) como garantía de poseer un reconocimiento de deuda y simplificar la gestión de reclamación al aplicar el procedimiento judicial cambiario. Muchas GRACIAS
  4. Jose Luis Fernandez | 15 octubre 2012
    3,0000000000
    Buenas tardes, ¿En el caso de una empresa con nif español de no-residente, le afecta igualmente la ley? Muchas gracias de antemano por la aclaración, Jose Luis
  5. José Ramón Moreno | 09 octubre 2012
    3,0000000000
    Gracias José por su participación. Interesante el ejemplo que nos pone, ya que la cuestión de si los pagaré y las letras de cambio están o no incluidos en la Ley de medidas de lucha contra la morosidad y por tanto sujetos a los plazos máximos que ella establece, es un “defecto” del que adolece la Ley ya que el legislador no lo llevó al papel en su elaboración. Las dudas al respecto se incrementan porque el texto normativo únicamente menciona como excluidos de su ámbito de aplicación los intereses relacionados con estos medios de pago que se regulan por la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque. En cualquier caso, y pese a que el legislador no ha indicado claramente que los títulos cambiarios no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, resulta evidente que quedan excluidos al ser títulos cambiarios de crédito (en su caso, lo es el pagaré). En otras palabras, actualmente es legal pagar más tarde de los plazos establecidos por la Ley que tratamos en este artículo, si el pago se realiza mediante la entrega de un pagaré o una letra de cambio. No obstante y aunque sea una forma de eludir los plazos que marca la normativa, el emitir un pagaré dota al acreedor de las garantías y ventajas de poseer un título ejecutivo. En caso de impago del mismo a su vencimiento, usted puede valerse del efectivo procedimiento de reclamación judicial cambiario. En cuanto a la inexistencia de contrato escrito sobre la prestación del servicio, aunque los acuerdos verbales son igualmente exigibles según nuestro código civil, el plasmar por escrito las condiciones y detalles del servicio es esencial para formalizar la relación, poder probar lo acordado y evitar posibles malos entendidos y reclamaciones inmotivadas derivadas de la realización de las obligaciones de cada parte y que a la postre puedan ser utilizadas para oponer el pago por parte del cliente.
  6. jose | 08 octubre 2012
    3,0000000000
    Muy buenas, en el caso mío soy una pequeña empresa que presto servicio a otra que se dedica al transporte de mercancías, no dispongo de contrato, simplemente verbal ya que yo presto mis servicios y me los pagan cuando les viene bien, por ejemplo. Facturación del mes de Septiembre, fecha factura 30/09/2012, la fecha del vencimiento del pagaré, 25/02/2013 Quisiera saber si es legal dicha forma de pago. muchas gracias
  7. José Ramón Moreno | 14 marzo 2012
    3,0000000000
    Hola María. Gracias por tu intervención. En primer lugar hay que tener en cuenta que la Ley es aplicable únicamente a contratos celebrados a partir de su entrada en vigor, el 7 de julio de 2010. Por otro lado, en respuesta a tu consulta sobre como denunciar a aquellas empresas que impongan cláusulas que les permitan pagar a sus proveedores en plazos muy superiores a los establecidos legalmente, esta cuestión es quizá, la que resulta mas conflictiva en la práctica, por cuanto no existiendo un régimen sancionador que castigue de oficio el incumplimiento de la ley, queda de la mano del acreedor plantear las acciones judiciales en los tribunales por considerar que estas cláusulas son abusivas y por tanto nulas de pleno derecho. Estas acciones vienen establecidas en el artículo 9 de la Ley 15/2010 y son dos: la acción de nulidad de cláusulas abusivas para la que está legitimado el acreedor que sufra el abuso, o bien las acciones de cesación y de retractación en la utilización de cláusulas abusivas incluidas en condiciones generales de contratación, para las que están legitimadas las Asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores, las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y los colegios profesionales legalmente constituidos. Pese a ello, y como decía, el conflicto surge en la práctica, ya que será complicado que el proveedor, tras la firma del contrato con el cliente, inicie acciones judiciales para solicitar la nulidad de los vencimientos de pago acordados. Ahora bien, a la hora de reclamar judicialmente el impago de las facturas, si que puede el proveedor solicitar la nulidad automática de este tipo de cláusulas y exigir los intereses desde el día siguiente a los vencimientos que establece la Ley y no desde el plazo que aparezcan en el contrato de adhesión.
  8. Maria | 13 marzo 2012
    3,0000000000
    Hola, me gustaria saber que se puede hacer ante las grandes empresas que no cumplen con dicha ley, abusando de las pequeñas empresas imponiendo por contrato periodos de pago que llegan a los 180 y 200 dias. ¿Se podria denunciar de alguna forma? ¿Conseguiriamos algo?

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