El panorama concursal cambia de rumbo en España, como lo confirman los datos recopilados por nuestro Gabinete de Estudios Económicos que reflejan una ya larga serie de nueve meses consecutivos de caída en la comparativa interanual. En efecto, en julio se registraron 586 procesos formales de insolvencia por parte de sociedades mercantiles, lo que supone un descenso del 25,7% comparado con julio del año pasado. La coyuntura es, por tanto, completamente opuesta a la que tenía lugar hace ahora 12 meses. De hecho, en 2013 se vivió el peor mes de julio en una década, con 756 casos registrados. Si el ritmo actual se mantiene durante el resto del ejercicio, y nada hace pensar lo contrario, el balance de 2014 se situará con toda seguridad por debajo de 2013 y lo hará también probablemente a nivel inferior al de 2012, situándose en cifras propias de 2011 o 2010. El cambio de tendencia se consolida sin que haya resuelto completamente uno de los grandes problemas del mecanismo concursal en la economía española: el hecho de que la inmensa mayoría de los procesos (aproximadamente el 95%) desembocan en la liquidación de las compañías.
La reforma legal aprobada en marzo y sus sucesivas modificaciones, ha introducido novedades importantes, como la simplificación de los trámites para lograr un acuerdo de refinanciación, más facilidades para la homologación judicial de los acuerdos y para la extensión de sus efectos al conjunto de acreedores, incluidos los disidentes; ventajas fiscales y contables para los acreedores a la hora de aceptar un convenio de refinanciación y la muy útil posibilidad de capitalizar la deuda. Sin embargo, aún estamos lejos de que el sistema concursal habilite de manera efectiva, tal y como ha recomendado la Comisión Europea, tanto la reestructuración de las empresas que pueden ser viables, como una segunda oportunidad para las empresarios.
El concepto de fresh start, tan consolidado en el sistema anglosajón no ha cundido aún en el empresariado nacional. La economía española ha batido récords en cuanto al crecimiento de los concursos de acreedores. En 2005, los registros estadísticos reflejan 829 sociedades declaradas en concurso durante el conjunto del ejercicio; en 2013 el ritmo era más de 10 veces mayor, es decir un incremento del orden del 960% (el año cerró con un récord de 8.823 procesos iniciados). Incluso los buenos datos actuales suponen que el volumen de insolvencias judiciales es todavía cuatro o cinco veces superior al que se daba en los años previos a la crisis. Pues bien, pese a todo ello, el número de concursos relativo al tejido empresarial está todavía muy por debajo de la media europea y no digamos ya de grandes economías como Francia o Alemania, donde es prácticamente el triple. La razón no hay que encontrarla, obviamente, en una particular resistencia del tejido empresarial español, sino en el rechazo secular a recurrir al mecanismo del proceso concursal.
Para los empresarios españoles, entrar en concurso de acreedores es un estigma. Hasta tal punto es así que la primera reforma concursal aprobada en marzo concentraba sus esfuerzos en evitar que las empresas entraran en concurso, más que en posibilitar una salida a las empresas ya embarcadas en ese proceso. Las sucesivas reformas a la reforma están empezando a extender los beneficios a todo el proceso, a la espera de que en otoño esté operativa en toda su plenitud la reforma, tal y como ha prometido el Gobierno. El hecho es que España ha pasado ya el pico máximo de concursos provocado por la crisis sin que nunca llegara a haber tantos procesos como los que correspondían a la realidad de la situación.
Los últimos datos analizados por nuestro Gabinete ponen de manifiesto que el descenso es generalizado en todo el ámbito geográfico, hasta 16 comunidades autónomas experimentaron caídas en la comparativa interanual, con la única excepción de La Rioja, donde la estadística aumentó en ocho casos, hasta llegar a 58, un 18,18% más que entre enero y julio de 2013. En conclusión, el panorama concursal se suaviza definitivamente en España, lo que resta urgencia a la necesidad de atar los cabos sueltos del marco legislativo que rige el mecanismo concursal. Pese a todo, es de esperar que las reformas iniciadas conduzcan a un sistema más efectivo que acabe con el estigma del concurso como antesala de la liquidación definitiva y constituya una segunda verdadera oportunidad que dé más garantías al emprendimiento empresarial.
Gabinete de Estudios Económicos de axesor