Ni siquiera medio kilómetro separa el Congreso de los Diputados del Banco de España, pero esa distancia se está haciendo sideral para un sector financiero sometido a la esquizofrenia de una regulación tan desconcertante y contradictoria como la que imponen las Cortes y corrige con sus circulares la autoridad monetaria. Los padres de la patria, más sensibilizados y temerosos ante los nubarrones de estallido social, piden a los bancos que se dejen de desahucios y ejecuciones hipotecarias. Los supervisores del mercado financiero, más fríos y calculadores en defensa de la ortodoxia contable que exige Bruselas, quieren justo lo contrario y piden que se aumenten las dotaciones cada vez que se alcance un acuerdo de refinanciación.
Con toda la que está cayendo y en medio de la gran recesión, las entidades de crédito que operan en España no saben muy bien a qué carta quedarse. El exceso de apalancamiento que inunda sus balances y la incertidumbre que pesa sobre la evolución de la economía a medio y corto plazo ha atascado los canales tradicionales del crédito, colapsando la circulación de flujos financieros que reactiven el crecimiento como única alternativa para crear empleo en país con más de seis millones de parados.
Los mercados de capitales siguen dándole vueltas a la gran cuestión porque todavía no se conoce a ciencia cierta si fue antes el huevo o la gallina. Si no hay préstamos porque no hay demanda o no hay demanda porque no hay forma de conseguir un préstamo. Podría decirse que entre todos lo mataron y él solo se murió pero lo cierto es que el Banco de España sitúa por encima del 12% el retroceso del crédito bancario acumulado desde los máximos del año 2009.
Los datos adquieren tintes realmente preocupantes cuando se distinguen las voces de los ecos y se compara la inversión crediticia en el sector inmobiliario con relación a la destinada al resto de actividades que tienen una finalidad ajena al ladrillo y sus burbujas. El discurso oficial insiste con una supuesta reasignación gradual de los recursos disponibles, pero dentro de un proceso excesivamente lento y desesperanzador. En 2007, momento álgido del boom, los préstamos dedicados a construcción, promoción e hipotecas absorbían un 59% del stock total. A día de hoy, estas partidas fagocitan todavía un 56% del saldo crediticio, de manera que los fondos destinados al resto de sectores encargados de impulsar la economía sólo han recuperado tres puntos escasos en el ratio de confianza bancaria.
El efecto ‘crowding out’
El hambre se junta a un tiempo con las ganas de comer del sector público provocando el llamado efecto ‘crowding out’ que expulsa al sector privado de la financiación ordinaria. La voracidad del Estado en los mercados de capitales se traduce en constantes colocaciones de deuda que son saludadas como un gran éxito de gestión por parte del Tesoro Público. La cara oculta de las alegres subastas de bonos y obligaciones se deja notar en la tristeza aún mayor de muchas empresas que ven esfumarse sus expectativas de inversión al quedar desplazadas del crédito puro bancario.
Los datos oficiales muestran con toda crudeza las consecuencias de este desplazamiento que ha supuesto la mayor caída jamás contada en la tasa de financiación del sector privado, más de un 8% en 2012. En el sentido contrario de la marcha, el tren de la Administración Pública, con sus Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, registra un incremento de la velocidad crediticia de casi el 20%.
Para más inri las normas internacionales de contabilidad promueven la financiación de los Estados mientras que condicionan a base de provisiones los créditos destinados a las empresas. La disfuncionalidad se traduce en una perversa distorsión que desvía los escasos recursos financieros hacia el gasto improductivo en detrimento de actividades creadoras de riqueza y empleo. Prueba de ello es la situación del crédito a las Pymes que se ha hundido en casi un 60% desde el origen de la crisis en 2008.
Un mastodonte inmanejable que no se puede aguantar
Hasta el momento, y mientras no se demuestre lo contrario, el rescate del sector financiero ha sido una manera fácil de arrojar dinero a los problemas sin mayor cometido que superar el trance de la crisis a la espera de un maná que nunca va a caer del cielo. Por eso es fundamental reducir el déficit y recortar las necesidades estructurales de financiación de un sector público mastodóntico, inmanejable desde el punto de vista político y que ya no se puede aguantar desde el punto de vista financiero.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace bien mientras tanto en apelar a los bancos para que cumplan su función esencial y se pongan a la altura de las circunstancias. Incluso es posible que la nueva Ley de Emprendedores contribuya a retirar los obstáculos de ese camino farragoso y empedrado de la recesión en que vivimos. Pero además es necesario engrasar el vehículo que porta la saca del crédito y que todavía permanece parado en el taller de reparaciones.
El camino que conduce a la recuperación exige una regulación mucho más eficiente en el sistema financiero español que estimule la dotación de recursos por parte de los bancos privados o, en su defecto, asegure que el esfuerzo del contribuyente a la hora de salvar las entidades nacionalizadas tenga también alguna compensación. La esencia de la banca no es otra que servir como canal para que fluyan los recursos financieros. Sólo a partir de ahí se justifica la existencia de las llamadas instituciones de crédito. Lo demás son golpes de pecho y estadísticas demoledoras de financiación.
José Antonio Navas, adjunto al director de El Confidencial
José Antonio Navas, periodista especializado en información económica, actualmente trabaja en el diario El Confidencial, donde es adjunto al director. Es colaborador asiduo del programa La Linterna de la Cadena Cope. Durante casi 10 años fue director de comunicación de Indra. Ha trabajado en El País, ABC, Expansión y Cinco Días.